El Ministerio del Interior de Cuba, que más parece un “Ministerio del Terror”, emitió una escueta nota sobre el motín ocurrido el pasado jueves 19 de febrero en el Establecimiento Penitenciario Provincial de Ciego de Ávila, intentando reducir la magnitud de los hechos y criminalizar a los reclusos que protestaban por hambre y malos tratos.
En su comunicado, el régimen calificó a los internos como “delincuentes” sancionados por delitos como robo, hurto y tenencia ilegal de armas, y aseguró que “se restableció el orden con racionalidad y determinación”. Curiosamente, el texto no hace mención alguna a las siete muertes de los internos que han sido reportadas por organizaciones de derechos humanos y por testigos a través de redes sociales. Tampoco se reconoce que los amotinados reclamaban alimentos, mejores condiciones y libertad, lo que evidencia la habitual estrategia de la dictadura de deshumanizar y criminalizar cualquier forma de protesta.
Fuentes como Prisoners Defender y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) detallan que el motín se originó tras la muerte de un joven recluso en estado crítico por hambre, presuntamente golpeado por funcionarios penitenciarios. La reacción de los internos incluyó gritos, golpes contra objetos metálicos y consignas como “Libertad”, “Patria y Vida” y “Abajo Díaz-Canel”, según audios y testimonios que circulan en redes sociales.
El operativo de represión, según los reportes, fue violento y coordinado. Equipos antidisturbios del Ministerio del Interior habrían utilizado balas de goma, gas pimienta y fuerza física para sofocar la protesta, mientras ambulancias entraban y salían del penal y se retiraban ataúdes bajo custodia policial. Aunque no hay cifras oficiales, las organizaciones advierten sobre múltiples heridos y al menos siete fallecidos, reflejando la brutalidad con la que el régimen controla los centros penitenciarios y mantiene el miedo dentro de la población.
El incidente en Canaleta expone nuevamente la brecha entre el discurso oficial y la realidad en Cuba. Mientras el régimen asegura que los centros penitenciarios cumplen con la “legalidad socialista” y la “seguridad colectiva”, la evidencia señala hambre, abusos y represalias contra quienes solo exigen condiciones mínimas de vida. La estrategia de criminalizar la protesta refuerza un patrón histórico del gobierno cubano: desinformación, manipulación de la narrativa y ocultamiento de la verdad frente a la opinión pública y la comunidad internacional.
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