La administración del presidente Donald Trump ha instruido al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) a investigar posibles casos de inmigrantes que habrían votado antes de completar su proceso de naturalización, según fuentes citadas por el medio MS Now.
De acuerdo con funcionarios actuales y anteriores del DHS, la iniciativa no tiene precedentes recientes en su alcance. Desde el verano pasado, la Casa Blanca habría solicitado a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) realizar una revisión exhaustiva de casos sospechosos de irregularidades electorales vinculadas a personas que luego obtuvieron la ciudadanía estadounidense.
Según las fuentes, los agentes habrían recibido una lista inicial de más de 1.000 nombres para evaluar. El objetivo es determinar si alguno de los señalados se registró para votar o emitió su voto antes de convertirse oficialmente en ciudadano, lo que constituiría una violación de la ley electoral federal. En caso de encontrar pruebas suficientes, los expedientes podrían derivar en procesos penales.
La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó que la medida forma parte de los esfuerzos para aplicar una orden ejecutiva orientada a reforzar la integridad del sistema electoral. “Las únicas personas que deberían estar preocupadas son quienes hayan infringido la ley”, señaló, subrayando que el propósito es garantizar padrones “precisos, actualizados y libres de votantes registrados ilegalmente”.
El programa exige a los investigadores documentar detalladamente cada caso analizado, incluso cuando no se presenten cargos. Esto incluye revisar historiales de registro electoral, fechas de naturalización y participación en elecciones previas.
La estrategia se produce en medio de un debate más amplio sobre medidas de seguridad en los centros de votación. Ha circulado la propuesta de reforzar la presencia de agentes del orden en ciertos lugares de votación, aunque la legislación federal limita el despliegue de personal armado en esos espacios para evitar intimidación o interferencia con el proceso electoral.
El Gobierno sostiene que la revisión busca proteger la confianza pública en las elecciones y asegurar el cumplimiento de la ley. Críticos, por su parte, advierten sobre el equilibrio entre la aplicación de normas electorales y la protección de los derechos civiles de ciudadanos naturalizados.
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