Rostros de represores se han hecho visibles tras el motín ocurrido en la Prisión Provincial de Canaleta, revelando a los responsables de la violencia contra los internos durante los recientes disturbios. Familias de presos, testigos y activistas han señalado a oficiales del Ministerio del Interior (MININT) implicados en golpizas, abuso físico y represión sistemática dentro del sistema penitenciario de Ciego de Ávila.
Entre los señalados, presuntamente, destaca el Teniente Coronel Carlos Martínez Rodríguez, alias “Carlitos El Cojo”, identificado como el máximo responsable de los abusos en los establecimientos penitenciarios de la provincia. Martínez Rodríguez, Jefe Provincial de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, habría impuesto durante años un régimen de miedo y violencia, incluyendo golpizas, castigos arbitrarios, confinamiento en celdas de castigo y negación de atención médica. Ex reclusos y personas cercanas al sistema describen un clima de terror donde cualquier protesta o queja es castigada con brutalidad.
A estas denuncias de represión se suman señalamientos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Según fuentes locales, Martínez Rodríguez habría construido una mansión cerca del Motel Las Cañas y posee, presuntamente, varios vehículos, condiciones muy por encima de la de otros oficiales del Estado cubano, reforzando la percepción de impunidad dentro del MININT y de un sistema penitenciario donde los abusos estructurales permanecen sin consecuencias.
Otro de los represores identificado por prisioneros y familares es Yariel Dominico Méndez, miembro de las Tropas Especiales del MININT, conocidas como “Boinas Negras”, quien habría participado directamente en la represión de los internos durante el motín. Testimonios de reclusos indican que los agentes utilizaron fuerza extrema, provocando fracturas, traumatismos craneales y otros daños graves, incluso a quienes no ofrecían resistencia.
Silvio Méndez, padre de Yariel, es actualmente jefe de las Tropas Especiales en la provincia, mostrando la existencia de estructuras familiares dentro de los órganos represivos, muestra del nepotismo que impera en el gobierno a todas sus instancias.
El motín y las protestas se originaron por hambre, hacinamiento, falta de atención médica y condiciones de vida inhumanas, según denuncias de familiares y activistas. Mientras el MININT asegura que actuó para “restablecer el orden”, imágenes y testimonios difundidos en redes sociales muestran un escenario de represión violenta y abuso sistemático.
Organizaciones de derechos humanos exigen investigaciones independientes y responsabilizan al Estado cubano por los hechos, denunciando violaciones graves a los derechos de los reclusos. La exposición de los responsables ha generado atención internacional, subrayando que el caso Canaleta no es un incidente aislado, sino parte de un patrón de represión y corrupción dentro del sistema penitenciario cubano.
La crisis en Canaleta evidencia la urgente necesidad de transparencia, justicia y respeto a los derechos humanos dentro de las prisiones de Cuba.
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