La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para escuchar argumentos en dos casos de enorme trascendencia vinculados a propiedades confiscadas en Cuba tras la llegada al poder de Fidel Castro en los años 60. Las demandas fueron presentadas por Havana Docks Corporation contra Royal Caribbean Cruises y otras navieras, y por Exxon Mobil contra Corporación Cimex.
En el centro del debate está la aplicación de la llamada Ley Helms-Burton, oficialmente conocida como Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas de 1996. Esta legislación permite a ciudadanos y empresas estadounidenses demandar en tribunales de Estados Unidos a compañías extranjeras o entidades que “trafiquen” con propiedades que fueron expropiadas por el gobierno cubano sin compensación tras la Revolución.
El Título III de la ley, que durante años estuvo suspendido por sucesivas administraciones, fue activado en 2019, abriendo la puerta a litigios como los que ahora examinará el máximo tribunal. La norma define “tráfico” como el uso, beneficio o participación comercial en bienes confiscados sin autorización de sus legítimos propietarios.
En el caso de Havana Docks, la empresa reclama indemnización por el uso de instalaciones portuarias en La Habana por parte de cruceros que habrían operado desde propiedades nacionalizadas. Por su parte, Exxon Mobil busca compensación por activos energéticos que, según alega, fueron expropiados y posteriormente utilizados por entidades vinculadas al Estado cubano.
Uno de los puntos clave que deberá analizar la Corte es si las entidades cubanas demandadas pueden invocar inmunidad soberana para evitar ser juzgadas en tribunales estadounidenses, así como el alcance exacto del concepto de “tráfico” bajo la ley.
El gobierno de Estados Unidos y legisladores de ambos partidos, encabezados por el congresista Mario Díaz‑Balart, han expresado respaldo a los demandantes, argumentando que se trata de hacer valer derechos de propiedad reconocidos por la legislación estadounidense.
La decisión de la Corte Suprema —aún pendiente— podría sentar un precedente histórico. Un fallo favorable a los demandantes abriría la puerta a numerosas reclamaciones adicionales contra empresas que operen en instalaciones nacionalizadas en Cuba, con potenciales repercusiones económicas y diplomáticas significativas.
Fuente: Mario Pentón
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