El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes 21 de octubre al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno en actuación penal, durante la lectura de la sentencia de segunda instancia en su caso. La decisión revoca la condena impuesta en primera instancia por la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia.
En su fallo, el Tribunal cuestionó duramente la actuación de la juez de primera instancia y señaló la existencia de vulneraciones al debido proceso, incluyendo la utilización de pruebas obtenidas de manera ilícita. Se trata de interceptaciones telefónicas surgidas de manera accidental durante seguimientos dirigidos a otra persona, que terminaron involucrando al expresidente. Según el tribunal, estas escuchas representaron una violación al derecho a la intimidad de Uribe y fueron consideradas pruebas ilícitas, las cuales fueron excluidas del proceso.
La defensa del exmandatario había solicitado la anulación del proceso, argumentando que existían vacíos probatorios y deficiencias legales en la investigación. El Tribunal coincidió en que la información utilizada en la primera condena carecía de fundamento jurídico suficiente para sustentar la culpabilidad de Uribe.
El caso tiene su origen en febrero de 2012, cuando el senador Iván Cepeda acusó a Uribe de supuestos vínculos con grupos paramilitares. En respuesta, el expresidente presentó denuncias contra Cepeda por presunta manipulación de testimonios de exparamilitares detenidos. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema de Justicia cerró el caso contra Cepeda por falta de pruebas, y el enfoque de la investigación se trasladó hacia Uribe, quien pasó de ser demandante a investigado por supuesta manipulación de testigos.
En 2020, la Corte ordenó la detención domiciliaria de Uribe mientras se desarrollaba el proceso, lo que provocó que el expresidente se apartara temporalmente de la política como senador. Más adelante, el caso fue trasladado a la justicia ordinaria y el exmandatario recuperó la libertad, aunque la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron en varias ocasiones el archivo del caso sin éxito.
Finalmente, el 28 de julio de 2025, la juez Sandra Liliana Heredia había declarado culpable a Uribe de soborno en actuación penal y fraude procesal, imponiéndole una condena de 12 años de prisión. No obstante, la segunda instancia revisó las irregularidades procesales y las pruebas ilícitas, y decidió absolver al expresidente, dejando sin efecto la sentencia anterior.
Este fallo marca un punto clave en la trayectoria judicial de Álvaro Uribe, cuyo caso generó debates sobre la manipulación de testigos, el respeto al debido proceso y la protección de derechos fundamentales durante investigaciones de alto perfil político. La absolución pone fin, al menos en esta etapa, a la persecución penal por los hechos relacionados con el supuesto soborno en actuación penal.
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