El adolescente de 15 años que atentó contra el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe fue condenado a siete años de internamiento en un centro especializado para menores. La decisión, dada a conocer por la Fiscalía este miércoles 27 de agosto, ha generado controversia debido a que la víctima falleció semanas después del ataque.
El caso ha reabierto el debate sobre los alcances de la Ley de Infancia y Adolescencia en Colombia, que establece un régimen especial de responsabilidad penal para menores de edad. El agresor fue procesado por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, cargos que aceptó a principios de agosto. Una semana más tarde, Uribe murió en el hospital a causa de las graves heridas en la cabeza.
Sin embargo, la normativa vigente impide modificar los cargos una vez aceptados, por lo que el joven no pudo ser juzgado por homicidio consumado. “Se impuso una de las sanciones más altas contempladas en la ley para menores”, explicó la Fiscalía en un comunicado, precisando que el adolescente no será trasladado a una cárcel de adultos al cumplir 18 años.
La defensa de la familia expresó su inconformidad con la sentencia. Víctor Mosquera, abogado de los allegados de Uribe, señaló en la red social X: “Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”.
Miguel Uribe, de 39 años y miembro del partido opositor Centro Democrático, fue atacado el 7 de junio durante un acto político en un barrio popular de Bogotá. En medio de su discurso, un menor le disparó tres veces, dos de los tiros en la cabeza. El político fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció en cuidados intensivos durante dos meses y se sometió a múltiples cirugías, hasta que finalmente falleció tras una hemorragia cerebral.
El atentado, calificado por la Fiscalía como un “magnicidio”, recordó los tiempos más oscuros de la violencia política en Colombia, cuando varios aspirantes presidenciales fueron asesinados en la segunda mitad del siglo XX.
Las investigaciones apuntan a que detrás del ataque habría una estructura criminal organizada. Además del menor, las autoridades han detenido a cinco adultos, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, señalado como principal responsable logístico. Para ellos, la Fiscalía reformuló cargos por homicidio agravado, lo que podría derivar en condenas más severas.
Las primeras hipótesis indican que la autoría intelectual estaría vinculada a la disidencia de la antigua guerrilla de las FARC conocida como la Segunda Marquetalia, lo que refuerza la idea de que el adolescente fue instrumentalizado en un plan mayor.
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