El ex congresista federal de Miami Joe García denunció hoy que los estados republicanos que quieren cancelar el programa de 30 mil paroles mensuales de la administración Biden “solo apuestan al desorden en la frontera” como parte del rejuego político para culpar a la Casa Blanca y los demócratas.
En entrevista con CubitaNow, García elogió como “muy exitoso” el programa para refugiados de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití y negó varios de los puntos esgrimidos en una demanda contra el Departamento de Homeland Security presentada ayer por 20 estados bajo control republicano.
¿Cuál es su primera reacción ante la demanda legal de Florida y otros estados republicanos con el propósito de cancelar el programa de hasta 30 mil paroles mensuales para personas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití?
Para decirlo de modo simple: cancelar el programa de parole es parte de una penosa estrategia partidista para seguir sacando provecho político al tema migratorio. Lo que buscan los republicanos es apostar al desorden en la frontera para continuar culpando a la Casa Blanca y a los demócratas. Y están usando a un exilio sufrido como el cubano como una ficha del cálculo político, lo cual no solo es triste, sino inaceptable.
Debe recordarse que durante el último año fiscal más de 200 mil cubanos ingresaron de manera irregular por la frontera luego de travesías costosas y peligrosas. Lo que hizo esta Administración, en particular el presidente Joe Biden y el secretario de Homeland Security, el cubanoamericano Alejandro Mayorkas, fue crear un sistema eficiente y especialmente compasivo hacia personas que declaran ser perseguidas en sus países.
Las cifras indican que este esquema no solo había frenado en seco la llegada de migrantes de Venezuela a través de la frontera, sino que también se estaba registrando una significativa reducción del arribo de cubanos, nicaragüenses y haitianos. Y vale aclarar que México estaba cumpliendo su parte del acuerdo con Estados Unidos al aceptar a miles de expulsados y proceder a su deportación.
La acción legal contra el Departamento de Homeland Security alega que los estados demandantes están sufriendo “daños económicos sustanciales e irreparables” por el arribo de cientos de miles de extranjeros a territorios que ya están abrumados económicamente.
La realidad es que este programa es todo menos un sacrificio para los estados. Estas personas vienen con patrocinadores privados y no pueden ser carga pública.
Lo que hace el programa es básicamente dar una oportunidad a la legalidad. Recordemos que estos republicanos son los mismos que proclaman a los cuatro vientos un supuesto compromiso con los refugiados que se oponen al comunismo y a los regímenes dictatoriales. Pero vemos que, en los hechos, lo que acaban de hacer es cerrar la puerta a estas personas, generando más sufrimiento a ellos y a sus familias.
En el caso de Florida, la demanda afirma que la llegada de miles de personas bajo ese programa afectará al estado al costarle millones de dólares en programas de educación, salud e incluso instalaciones correccionales. ¿No le parece un argumento válido?
Nuevamente, eso es falso. Como decía antes, estas personas que llegan de Cuba o de alguno de los otros tres países contemplados cuentan con un patrocinador que asume la responsabilidad financiera y sanitaria por ellos. Ya en Estados Unidos obtienen rápidamente un permiso de trabajo, reciben ingresos, compran sus propios seguros y pagan impuestos.
Esa narrativa discriminatoria sobre la carga financiera lo que hace es negar la contribución histórica de comunidades de migrantes y refugiados, como el propio exilio cubano, a la Florida y a los Estados Unidos. La realidad es que la comunidad cubana ha aportado a esta nación mucho más que lo que le cuesta, como ahora se queja el Gobernador de Florida.
El gobierno de Ron DeSantis alega también en la demanda que “la presencia de estos extranjeros ilegales en Florida (…) viola el interés casi soberano del estado en su territorio y el bienestar de sus ciudadanos…”
Esta es otra presunción falsa y discriminatoria. No son extranjeros ilegales quienes están ingresando al país mediante este programa, sino todo lo contrario. Se trata de personas procesadas legalmente por agencias norteamericanas, que tienen que cumplir rigurosos trámites biométricos y médicos y que cuando entran al país lo hacen legalmente a través de un aeropuerto.
El senador Marco Rubio dijo hoy en una entrevista que programas como este crean un “incentivo” para la emigración a Estados Unidos. ¿Cómo evalúa Ud. esta interpretación?
Es justamente lo contrario: el programa tiene por objetivo eliminar todos los incentivos a la emigración irregular y desordenada a través de la frontera, golpear a los coyotes y contrabandistas de seres humanos, preservar el orden en las comunidades y promover una emigración legal, ordenada, eficaz y segura.
Además, el programa de parole humanitario tiene un cupo delimitado y finito: son 30 mil visas mensuales para personas de países específicos por un periodo de dos años. Fuera de esas capacidades no hay incentivo adicional.
Uno de los argumentos esgrimidos por algunos críticos del programa dentro del exilio cubano es que Estados Unidos no está en capacidad para recibir a naciones enteras dado que todos los ciudadanos de países comunistas pudieran declararse perseguidos políticos. ¿Cómo responde Ud. a ese razonamiento?
Estados Unidos tiene, ante todo, el derecho y la obligación de proteger su integridad. Dicho esto, me pregunto cómo algún cubanoamericano podría cerrarle las puertas a otros cubanos cuando su propia familia se benefició en el pasado de la generosidad de los Estados Unidos.