El mayor Noel Morales López, jefe de la prisión provincial de Canaleta en Ciego de Ávila, fue incorporado a la base de datos pública de la organización Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) dentro de su programa “Represores Cubanos”, tras ser señalado como responsable directo de la represión violenta contra reclusos durante el motín ocurrido entre el 18 y el 19 de febrero.
De acuerdo con la clasificación difundida por la FDHC, Morales López aparece catalogado como “represor violento”, una categoría que agrupa a funcionarios que, presuntamente, ejecutan o dirigen actos de violencia política, ya sea por iniciativa propia o siguiendo órdenes superiores. Las denuncias incluyen posibles violaciones a las Reglas Mandela de Naciones Unidas, que establecen estándares mínimos para el tratamiento de personas privadas de libertad, así como señalamientos de tratos crueles, uso excesivo de la fuerza y encubrimiento de abusos.
El motín fue inicialmente alertado por el líder opositor José Daniel Ferrer y posteriormente confirmado por la agencia EFE y organizaciones independientes como Prisoners Defenders y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas. Según testimonios recogidos por estas entidades, los internos protestaban por hambre, falta de agua, insalubridad y presuntos maltratos físicos. Durante la revuelta se escucharon consignas como “Libertad” y “Patria y Vida”, en abierta crítica al gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Informes preliminares divulgados por Prisoners Defenders hablan de al menos siete fallecidos y decenas de heridos, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente víctimas mortales. Testigos aseguran que fuerzas especiales del Ministerio del Interior y unidades de las FAR intervinieron utilizando balas de goma, gas pimienta y fuerza física para sofocar la protesta. El Ministerio del Interior describió los hechos como una “alteración del orden” protagonizada por reclusos comunes, defendiendo que la situación fue controlada con “racionalidad y determinación”.
La inclusión de Morales López en la lista se suma a otros nombres previamente documentados por organizaciones de derechos humanos. Entre ellos figuran el general Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el coronel Alexander Casas, vinculado a operativos de vigilancia contra activistas y la funcionaria Marydoris Ojeda, señalada por impulsar procesos judiciales contra manifestantes del 11 de julio de 2021. También han sido mencionados altos mandos del Ministerio del Interior asociados a detenciones arbitrarias y represión de protestas pacíficas.
La ampliación de esta lista tiene implicaciones internacionales, pues organizaciones como Prisoners Defenders han pedido que los señalados sean considerados para sanciones individuales bajo marcos como la Ley Global Magnitsky en Estados Unidos y regímenes similares en la Unión Europea.
Mientras tanto, familiares de los internos exigen transparencia, acceso a información médica y la apertura de investigaciones independientes. La falta de imágenes oficiales y de un parte médico detallado mantiene abiertas las dudas sobre la magnitud real de lo ocurrido en Canaleta.
En un contexto de creciente crisis económica y tensión social, lo sucedido en esta prisión vuelve a colocar el foco internacional sobre el sistema penitenciario cubano y sobre la responsabilidad individual de quienes dirigen y ejecutan la política de control interno.
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