En Santiago de Cuba, una madre libra, desde hace más de un año, una batalla que va más allá de los tribunales. Su denuncia contra su expareja, Dagoberto Calzado Milanés, por presuntas conductas graves contra su hija menor, no solo enfrenta el peso emocional del proceso, sino también lo que describe como demoras sistemáticas, irregularidades y un preocupante manejo de pruebas.
La acusación formal fue presentada en octubre de 2024, aunque los hechos denunciados se remontan, según la madre, a mediados de 2023. Desde entonces, el caso ha transitado por distintas fases sin que se haya fijado fecha para juicio oral. La adolescente, que tenía 15 años al momento de la denuncia, fue sometida a peritaje médico legal y evaluación especializada semanas después. De acuerdo con el testimonio materno, esos exámenes confirmaron indicios compatibles con agresión y corrupción de menores.
En un inicio, el acusado enfrentó una medida cautelar de fianza. Meses más tarde, tras reclamos reiterados ante la Fiscalía y el avance de la instrucción penal, la medida fue modificada a prisión provisional, donde permanece actualmente. Sin embargo, la madre sostiene que el mayor obstáculo no ha sido la fase cautelar, sino la instrucción del expediente.
El proceso ha pasado por tres instructores penales y dos fiscales diferentes. Cada cambio, afirma, ha significado retrocesos, nuevas revisiones y citaciones que considera innecesarias. En una de ellas, relata, su hija fue convocada para repetir su declaración pese a que ya existía una exploración especializada previa. La situación, asegura, resultó emocionalmente desgastante para la menor.
Uno de los episodios más delicados es la presunta pérdida de una memoria USB que contenía material audiovisual entregado como evidencia. Según la denunciante, el dispositivo desapareció bajo custodia institucional y, aunque recibió notificación de que sería compensada, hasta ahora no ha habido reposición formal ni explicación detallada. Posteriormente entregó una nueva copia del material, pero —según le informaron— algunos audios no han sido peritados por falta de tecnología para análisis de voz en el laboratorio provincial.
La madre solicita que esas pruebas sean remitidas a un centro especializado en La Habana para garantizar un examen técnico adecuado. Asegura que no ha recibido respuesta clara sobre esa posibilidad.
Mientras tanto, la adolescente continúa bajo atención psicológica. Su madre teme que el paso del tiempo diluya responsabilidades o complique la solidez del caso cuando la joven alcance la mayoría de edad. El expediente permanece en fase preparatoria y, hasta el momento, no se ha anunciado fecha de juicio.
El caso, rodeado de silencio institucional, refleja la tensión entre la búsqueda de justicia y la resistencia emocional de una familia que insiste en no abandonar el proceso. La madre, firme en su reclamo, sostiene que no descansará hasta que el tribunal escuche la historia completa y se pronuncie sin más dilaciones.
Fuente: Yosmany Mayeta
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