El inicio de vuelos de deportación desde el centro de detención provisional Alligator Alcatraz, en el sur de Florida, ha generado reacciones encontradas y renovado las críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos. A pesar de que el gobernador Ron DeSantis confirmó que las expulsiones ya están en marcha, no se han revelado detalles sobre las nacionalidades de los deportados.
La instalación, construida como parte de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump, tiene capacidad para albergar a 2.000 personas y planea duplicar ese número en una segunda fase. DeSantis celebró el comienzo de las deportaciones: “Hemos removido a cientos de indocumentados desde aquí. El objetivo es que este lugar incremente la capacidad de expulsión y se convierta en un punto clave por su pista aérea incorporada”.
El gobernador también afirmó que la operación no generará impacto ambiental, aunque múltiples organizaciones ya han presentado demandas contra el centro. Grupos de activistas y familiares de personas detenidas han calificado el sitio como un “campo de concentración moderno” e incluso una “jaula para perros”, debido a las condiciones en las que se encuentran muchos migrantes.
Desde la apertura del centro, al menos seis personas han sido hospitalizadas, lo que ha encendido las alarmas sobre el trato a los detenidos. DeSantis, sin embargo, defendió los resultados: según datos estatales, Florida ha logrado deportar a unas 18.000 personas en colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Juan Fernando Rocha Mier, presidente de la organización Migrantes Unidos en Caravana, declaró en NTN24 que la situación en Alligator Alcatraz es preocupante: “Tenemos reportes de que las condiciones dentro del centro son inhumanas. Se están violando derechos fundamentales de personas que aún no han sido juzgadas ni tienen orden definitiva de expulsión”.
Rocha Mier advirtió también sobre el impacto negativo que esta política podría tener a largo plazo: “Estas acciones no solo deshumanizan al migrante, también afectan la imagen internacional del país y podrían tener consecuencias económicas al reducir la mano de obra en sectores clave”.
Mientras se intensifican los operativos de deportación, crece también la oposición entre sectores de la sociedad estadounidense que ven con recelo el uso de recursos estatales en este tipo de centros, en lugar de enfocarse en políticas de integración o soluciones migratorias a largo plazo.
Aunque DeSantis evitó entrar en detalles sobre los destinos de los deportados, se sabe que durante el segundo mandato de Trump se ordenó la expulsión de cerca de 800.000 personas, de las cuales entre 50.000 y 75.000 residen en Florida.
Fuente: NTN24
Policía intensifica ocupación de motos ilegales en Pinar del Río ante quejas ciudadanas
Hace 6 horas
“El silencio que duele: Cuba entre la fe, la verdad y la traición” Padre Alberto Reyes
Hace 11 horas