Cuando el régimen cubano necesita lavar una imagen, siempre acude a sus rostros más dóciles. Esta vez, el elegido fue Humberto López. Con su habitual tono de obediencia maquillada de autoridad, el vocero oficialista salió a negar rotundamente la implicación del empresario italiano Berto Savina en el atropello múltiple ocurrido en La Habana el 25 de agosto, que dejó una mujer embarazada muerta y ocho personas heridas. Pero, como en muchas otras ocasiones, lo que no dijo es más revelador que lo que sí.
López afirmó que Savina había salido de Cuba el 18 de agosto, una semana antes del suceso. No mostró pruebas. No citó documentos de migración, ni registros de vuelos. Solo lanzó la afirmación al viento, como si su palabra bastara para enterrar la verdad. Esta declaración ocurre días después de que medios independientes y testigos comenzaran a señalar al empresario como el presunto autor del atropello. ¿Coincidencia? Difícil creerlo.
Lo cierto es que el Ministerio del Interior, horas después del hecho, confirmó que el autor era un ciudadano extranjero que embistió con su auto a varias personas en diferentes puntos de La Habana. No mencionaron nombres, pero el silencio prolongado y la opacidad en torno al caso avivaron las sospechas.
Ahora, con López defendiendo a Savina sin que haya concluido la investigación, queda claro que no estamos ante una defensa legal, sino ante un operativo mediático para proteger a alguien con poder.
Savina no es cualquier extranjero. Su nombre está ligado a altos círculos del poder cubano, con conexiones empresariales que le han permitido operar libremente en la Isla durante décadas. Posee negocios de lujo, goza de inmunidades implícitas y mantiene vínculos con figuras clave del régimen. ¿Es entonces casual que, antes de que se publique cualquier dictamen oficial, Humberto López ya lo exonere públicamente?
En su intervención, López también atacó a quienes han denunciado la posible implicación de Savina, acusándolos de “manipular el dolor” y mentir. Pero esa narrativa invertida solo sirve para desviar la atención de lo esencial: una mujer murió y ocho personas resultaron heridas, y hasta hoy, el régimen no ha dado respuestas claras sobre el responsable. ¿Quién era el conductor? ¿Dónde está detenido? ¿Por qué no se publica su identidad?
Mientras la población exige justicia y transparencia, López actúa como un simple portavoz sin autonomía. Su función no es informar, sino cubrir. No representa al pueblo, sino al poder. Y en este caso, ese poder está claramente alineado con los intereses de un empresario extranjero que, según muchos testimonios, podría ser el autor de un crimen mortal.
La pregunta que flota en el aire es incómoda pero necesaria: ¿Quién arrolló a nueve personas y mató a una mujer embarazada en La Habana? Y más importante aún, ¿por qué el régimen se apresura tanto en exonerar a Savina, antes de que siquiera se presenten pruebas públicas?
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