El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que lo habían obtenido en 2021. Esta decisión afectará a más de 250,000 migrantes venezolanos que residen principalmente en el sur de Florida, una de las comunidades más grandes de venezolanos en el país.
La medida entrará en vigor el 10 de septiembre de 2025, otorgando un plazo de 60 días para que los beneficiarios afectados tomen medidas.
La administración Trump argumentó que la continuación del TPS para los venezolanos ya no era de interés nacional, citando preocupaciones sobre seguridad pública, migración irregular y políticas exteriores. Según un portavoz del DHS, mantener el TPS actuaba como un "imán" para la migración irregular y socavaba los esfuerzos para asegurar la frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz .
Esta decisión se produce en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, marcado por operaciones militares estadounidenses contra el narcotráfico y una postura más firme del gobierno de Trump hacia el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, la situación en Venezuela sigue siendo crítica, con una crisis económica profunda, represión política y condiciones de vida extremadamente difíciles.
El Departamento de Estado de EE. UU. continúa desaconsejando viajar a Venezuela debido a riesgos de detención arbitraria, tortura y otros abusos .
La comunidad venezolana en Estados Unidos ha expresado su preocupación por esta medida, argumentando que muchos de los afectados podrían enfrentar persecución, encarcelamiento o incluso la muerte si son deportados de regreso a Venezuela. Organizaciones como Human Rights Watch han documentado casos de presos políticos y desapariciones forzadas en el país sudamericano .
A pesar de la decisión del DHS, un tribunal de apelaciones del Noveno Circuito había frenado temporalmente la eliminación del TPS para los venezolanos, argumentando que la revocación podría causar daños irreparables a los beneficiarios y afectar la economía estadounidense . Sin embargo, la administración Trump ha decidido proceder con la cancelación del TPS, dejando a muchos migrantes en una situación de incertidumbre legal y riesgo de deportación.
Se espera que esta decisión sea desafiada en los tribunales, y los afectados deben estar atentos a las actualizaciones legales que puedan influir en su estatus migratorio.
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