El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que la orden judicial para cerrar el centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz” no impedirá que las autoridades continúen con las deportaciones de extranjeros sin estatus legal en el estado.
La jueza federal Kathleen Williams ordenó al estado y a la administración de Donald Trump suspender las operaciones del centro ubicado en la Reserva Nacional Big Cypress y desmantelarlo en un plazo máximo de 60 días, argumentando que la instalación contraviene la legislación destinada a proteger el ecosistema de los Everglades.
“La Reserva Nacional Big Cypress se creó para preservar esta área. La orden cumple con la normativa que garantiza su protección”, indicó la jueza Williams, señalando que la medida busca respetar compromisos históricos de conservación del área que han sido respaldados por gobernadores, senadores y presidentes anteriores.
A pesar de la decisión judicial, DeSantis aseguró que el cierre del centro no afectará los planes de deportación del estado. “Esto no nos va a disuadir. Continuaremos identificando, arrestando y removiendo a quienes amenacen la seguridad de Florida. Tenemos los recursos y la experiencia para seguir adelante con esta misión”, declaró en conferencia de prensa.
El gobernador republicano también anunció la apertura de nuevas instalaciones para continuar con los procedimientos de detención y deportación. “Debido al éxito de Alligator Alcatraz, existe demanda de más espacios. Próximamente abriremos un nuevo centro en las afueras de Jacksonville, en el condado de Baker, que será llamado ‘Depósito de Deportación’”, subrayó.
DeSantis enfatizó que estas acciones forman parte de su estrategia para mantener el control sobre la inmigración en Florida y proteger lo que considera la seguridad del estado. Asimismo, destacó que el cierre de la instalación no afectará la capacidad operativa de las autoridades, que cuentan con los recursos necesarios para trasladar a los inmigrantes a otros centros mientras se desarrolla su proceso de deportación.
La medida de la jueza llega en medio de un debate más amplio sobre los derechos de los inmigrantes y la legalidad de los centros de detención en reservas naturales. Sin embargo, la postura de DeSantis refleja su compromiso de mantener una línea dura en materia migratoria, independientemente de las restricciones legales que puedan imponerse sobre infraestructuras específicas.
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