Opositores, activistas y comunicadores independientes en Cuba han denunciado un incremento notable en la vigilancia, el hostigamiento y el control estatal tras los recientes eventos políticos en Venezuela, señalando un patrón de acciones que coinciden con un recrudecimiento de las prácticas represivas en la isla.
Según múltiples testimonios recogidos por Martí Noticias, la escalada se expresa en varias formas de presión: desde hackeos de cuentas personales hasta intensificación del despliegue policial en espacios públicos.
En la ciudad de Holguín, el comunicador Julio César Álvarez Marrero denunció que su cuenta de WhatsApp fue hackeada tras una detención reciente. Desde ese perfil, su testimonio indica que se enviaron mensajes inapropiados a sus contactos con la intención de dañar su reputación. Álvarez Marrero también relató un aumento considerable de patrullas en calles y revisiones a transeúntes por parte de agentes uniformados y de civil.
En Sancti Spíritus, el pastor Yaser Caraballo García informó que recibió una citación oficial para presentarse en la unidad policial conocida como “El Vivac” sin que se le explicaran los motivos, lo que se interpreta como una forma de intimidación sin claridad legal.
En la capital, la activista Yamilka Lafita denunció haber recibido mensajes de texto con amenazas contra su integridad física y responsabilizó directamente a los cuerpos de seguridad por cualquier incidente que pudiera sucederle a ella o a su familia.
Desde Ciego de Ávila, el opositor Óscar Cervantes González expuso que tanto él como su hijo han sido objeto de seguimiento. Según Cervantes, agentes vinculados a la seguridad del Estado han contactado a colaboradores para organizar un monitoreo continuo de sus actividades.
Por su parte, el exprisionero político Ángel Moya Acosta señaló que él y su esposa, Berta Soler, líder del grupo Damas de Blanco, han enfrentado interrupciones persistentes del servicio de datos móviles en sus teléfonos. Moya atribuyó estas restricciones y un seguimiento físico con vehículos a la situación regional, vinculado a la coyuntura política que vive Venezuela.
Este aumento de la vigilancia y el hostigamiento se produce en un contexto donde organizaciones internacionales han documentado prácticas sistemáticas de acoso digital y restricción de libertades en Cuba. Informes de organismos defensores de derechos humanos han señalado acciones como cortes de internet, bloqueos de sitios de noticias independientes, intimidación en redes sociales y hackeos dirigidos a periodistas y activistas críticos, además de interrogatorios y amenazas legales como parte de los esfuerzos para controlar la expresión en línea.
El incremento de estas prácticas coincide con un patrón más amplio de presiones legales y extralegales contra voces disidentes en el país, como detenciones arbitrarias, confiscación de equipos y amenazas, denunciadas tanto por organizaciones como por las propias víctimas en los últimos años.
En conjunto, los reportes de cubanos dentro de la isla reflejan una mayor presencia de fuerzas de seguridad, controles digitales y medidas de intimidación directa, que activistas e independientes relacionan con la coyuntura política regional y con un intento de anticipar y sofocar cualquier expresión disidente que pueda surgir en la isla.
(Con información de Martí Noticias)
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