La detención de un cubano con residencia legal en Estados Unidos en Venezuela ha encendido nuevas alertas sobre la situación de los presos políticos extranjeros en el país sudamericano. La ONG Foro Penal, una de las principales organizaciones de defensa de derechos humanos en Venezuela, confirmó este miércoles el arresto de Aidel Suárez, ocurrido el 24 de diciembre de 2024, aunque hasta el momento se desconocen los cargos formales en su contra.
Según informó a la agencia EFE el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, Suárez se encuentra recluido en la cárcel Rodeo I, ubicada en el estado Miranda, al norte de Caracas. La organización señaló que continúa investigando las circunstancias exactas de su detención, ya que las autoridades venezolanas no han ofrecido información pública sobre las razones del arresto ni sobre su situación procesal.
El caso del cubano adquiere especial relevancia por tratarse de una persona con residencia legal en Estados Unidos, lo que lo coloca en una situación de alta vulnerabilidad en medio de las tensiones políticas y diplomáticas que atraviesa Venezuela. Activistas de derechos humanos advierten que este tipo de detenciones suelen utilizarse como herramientas de presión política o negociación internacional por parte del régimen chavista.
Foro Penal también confirmó la detención de un ciudadano estadounidense, identificado como James Luckey-Lange, quien presuntamente fue arrestado el 8 de diciembre de 2025 cuando intentaba ingresar a Venezuela desde Guyana, país aliado de Washington que mantiene una histórica disputa territorial con Caracas por la región del Esequibo. Sobre este caso, la ONG indicó que aún dispone de información limitada.
De acuerdo con el más reciente balance de Foro Penal, Venezuela contabiliza 863 presos políticos, de los cuales 86 son extranjeros o poseen doble nacionalidad. Estas cifras reflejan un patrón sostenido de detenciones que involucra no solo a opositores locales, sino también a ciudadanos de otros países, en un contexto marcado por la criminalización de la disidencia y la falta de garantías judiciales.
La detención de Aidel Suárez ocurre además en un momento delicado en las relaciones entre Caracas y Washington. En enero de 2025, poco después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, ambos gobiernos firmaron un acuerdo para que Venezuela aceptara migrantes deportados desde Estados Unidos, un pacto que actualmente se encuentra suspendido. Dicho acuerdo fue resultado de una visita a Caracas del enviado especial Richard Grenell, tras la cual seis ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela fueron liberados.
Meses después, en julio de 2025, el gobierno venezolano excarceló a otros diez estadounidenses como parte de un intercambio que incluyó el retorno de 252 venezolanos encarcelados en El Salvador. Estos antecedentes refuerzan la percepción de que los detenidos extranjeros son utilizados como fichas de negociación política.
Para la familia de Aidel Suárez y para la comunidad cubana en el exilio, su arresto representa una nueva señal de alarma sobre los riesgos que enfrentan los ciudadanos de origen cubano en Venezuela, especialmente aquellos con vínculos legales con Estados Unidos. Mientras Foro Penal continúa documentando el caso, crece la presión internacional para que las autoridades venezolanas aclaren la situación del cubano detenido y garanticen el respeto a sus derechos fundamentales.
Fuente: EFE
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