El llamado del primer ministro Manuel Marrero Cruz a “avanzar con nuestros propios esfuerzos” vuelve a colocar sobre los hombros de los territorios y de la población una responsabilidad que choca con la dura realidad económica que atraviesa Cuba. El exhorto fue realizado durante una reunión del Consejo Provincial de Gobierno en Pinar del Río, en un contexto marcado por inflación descontrolada, escasez crónica de divisas, falta de crédito externo, crisis energética y una producción nacional en mínimos históricos.
Según Marrero, el país debe apoyarse en los llamados “recursos endógenos”, en la aplicación de la ciencia y en una mayor exigencia a todos los actores económicos, comenzando por la empresa estatal socialista y extendiéndose al sector no estatal. El discurso insiste en una narrativa conocida: la autosuficiencia como salida, aun cuando los indicadores macroeconómicos muestran una economía asfixiada y sin herramientas reales para despegar.
El propio jefe de Gobierno reconoció que, aunque el embargo estadounidense sigue siendo presentado como el principal obstáculo, existen “insuficiencias internas” que no dependen de factores externos. Sin embargo, el planteamiento oficial evita profundizar en las causas estructurales de esas deficiencias: un modelo económico altamente centralizado, con escasos incentivos productivos, limitada autonomía real y una persistente desconfianza hacia el mercado.
La apelación a generar divisas desde los territorios suena especialmente contradictoria en un país sin acceso normal al financiamiento internacional, con exportaciones deprimidas y una infraestructura productiva deteriorada. Sectores clave como la agricultura y la industria operan con serias limitaciones por la falta de combustibles, fertilizantes, insumos básicos y tecnología, lo que reduce al mínimo la capacidad de respuesta local.
Pinar del Río, por ejemplo, fue presentado como un territorio con potencial para ampliar el programa tabacalero y explotar yacimientos de arcilla o el turismo local. No obstante, estas proyecciones chocan con problemas elementales: déficit de riego, apagones constantes, transporte colapsado y una fuerza laboral cada vez más reducida por la emigración masiva.
El discurso sobre la autonomía municipal, reiterado por altos dirigentes, también revela una brecha entre la teoría y la práctica. Aunque la Constitución reconoce esa autonomía, los municipios carecen de recursos financieros reales, poder de decisión efectivo y mecanismos para retener ingresos. Sin divisas, sin crédito y con un déficit fiscal creciente, la “autonomía” termina siendo más retórica que funcional.
Mientras tanto, la inflación continúa erosionando el poder adquisitivo de los salarios y pensiones, el mercado informal se consolida como vía de supervivencia y la dolarización parcial de la economía profundiza las desigualdades sociales. En ese escenario, pedir “más esfuerzos” sin ofrecer reformas profundas ni cambios estructurales refuerza la percepción de agotamiento del discurso oficial.
El llamado a “hacer cosas diferentes” vuelve a aparecer en boca del Gobierno, pero sin señales claras de que esas diferencias impliquen abrir espacios reales a la iniciativa privada, garantizar seguridad jurídica, atraer inversión extranjera con reglas claras o desmontar los controles que estrangulan la producción.
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