Lo que durante meses fue apenas un murmullo en los pasillos de oficinas estatales en Las Tunas se ha convertido en uno de los escándalos de corrupción más graves de la historia reciente de la provincia.
Una red mafiosa de tráfico de autos y motos, en la que están implicados altos funcionarios del Estado, ha sido expuesta por denuncias ciudadanas y filtraciones internas que revelan un sistema profundamente corrompido.
Lo que debía terminar en chatarra, resurge mágicamente como vehículos modernos y funcionales, listos para ser vendidos o legalizados a precios desorbitados. Al frente de este esquema se señala a Maricela Duarte Romero, en complicidad directa con el director de la Empresa de Servicios Automotores S.A. (SASA).
Ambos habrían orquestado una maquinaria criminal que convierte autos destinados a la destrucción en verdaderas joyas rodantes, reconstruidas con piezas de procedencia dudosa y sin control técnico real.
Este negocio sucio no solo implica reconstrucción ilegal, sino también la legalización fraudulenta de motos a cambio de pagos entre 100 mil y 200 mil pesos cubanos. Detrás de esta operación se encuentran múltiples funcionarios del MININT, Transporte, SASA y PROVARI, quienes han permitido, avalado o encubierto estas acciones a cambio de sobornos.
Entre los beneficiarios de este esquema corrupto se encuentran nombres conocidos en el ámbito local: Nilsa Vera Rivas, ex funcionaria de PROVARI, hoy con activos millonarios que no puede justificar; Doris Navarro, cuya fortuna supera con creces su historial laboral y Luis Delio Rodríguez, ex director de una empresa agropecuaria del MININT, ahora vinculado a negocios privados con recursos desproporcionados.
Lo más alarmante es que todo ocurre bajo la supuesta supervisión del primer coronel Lázaro, delegado del MININT en Las Tunas, quien no solo ha ignorado las irregularidades, sino que además se le ha visto recibiendo visitas nocturnas de la directora de PROVARI, según múltiples testigos.
La pregunta ya no es si hay corrupción, sino cuánta complicidad hay en lo más alto de las instituciones. Este caso no puede quedar sepultado por el silencio, ni por el miedo. Las Tunas merece justicia, merece transparencia, y sobre todo merece funcionarios que sirvan al pueblo, no que se sirvan de él.
Es momento de romper el pacto de silencio. Se exige una investigación real, profunda y sin protección para nadie. Porque el pueblo está cansado de ver cómo la ley solo se aplica para oprimir, mientras los verdaderos delincuentes se pasean impunes. Comparte. Denuncia. No calles. El silencio solo protege a los corruptos.
Fuente: La Tijera