Una grave trama de corrupción en la Empresa Eléctrica de Ciego de Ávila ha salido a la luz pública, según denunció la activista Glenda Rancaño. La información proviene de una fuente altamente confiable dentro del Despacho Provincial de Carga y revela que altos funcionarios priorizan ciertos circuitos eléctricos a cambio de pagos en efectivo y mercancías, dejando al resto de la población en apagones prolongados.
El director general de la empresa, Daniel Pérez García, junto a dueños y testaferros de Mipymes, habrían negociado mantener con electricidad garantizada a negocios privados que venden alimentos como pollo, carne, picadillo y lácteos, mientras los circuitos que abastecen a barrios y hogares quedan sobrecargados.
En la trama también estaría implicado Lester Arencibia Bacallao, director del Despacho Provincial de Carga.
Según la denuncia, la corrupción ha provocado apagones de más de 15 horas consecutivas, seguidos de apenas una hora y media de servicio eléctrico, un patrón que ha colapsado aún más el sistema eléctrico provincial y ha afectado directamente la vida de los ciudadanos.
La situación ha sido reconocida públicamente por Miguel Díaz-Canel, quien admitió la “desigualdad” en las rotaciones eléctricas sin explicar las causas reales.
Los sobornos involucrarían más de 500 mil pesos cubanos y cantidades significativas en dólares por cada funcionario implicado, asegurando que los negocios privados no sufran cortes. Además, la fuente denunció la venta ilícita de metrocontadores de 220 V a personas con servicio de 110 V, aprovechando la necesidad extrema de la población y violando normativas elementales.
El resultado de esta red de corrupción es un panorama dramático: mientras la mayoría de los ciudadanos vive en apagones constantes y enfrenta dificultades extremas para cocinar, estudiar o trabajar, algunos negocios pagan para mantener la electricidad de manera garantizada.
Esta situación evidencia una brecha de privilegios que castiga al pueblo cubano y deja en evidencia la corrupción interna dentro de la administración eléctrica provincial.
El perfil que se ha encargado de difundir la denuncia, hace un llamando de atención sobre la gravedad de los hechos y la impunidad de quienes deberían garantizar el servicio eléctrico a toda la población.
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