Melody González Pedraza, una exjueza cubana conocida por condenar a cuatro jóvenes antes de abandonar la isla, compareció el 31 de julio ante una corte de inmigración en Estados Unidos para gestionar su solicitud de protección internacional. Durante la audiencia, González Pedraza se distanció públicamente del Partido Comunista de Cuba (PCC), al que estuvo afiliada mientras ejercía su cargo en Cuba.
Según Diario de Cuba, la principal acusación en su contra es su membresía en el PCC, pero en su defensa, González Pedraza argumentó que ser parte del Partido Comunista en Cuba es más un requisito de supervivencia que una afiliación voluntaria. "El PCC no es más que una carga para la mayoría de los militantes, un requisito para sobrevivir en un país donde rechazar una propuesta como esa implica perder derechos esenciales, incluidos los laborales y profesionales", afirmó.
La exjueza también criticó la creciente doble moral en Cuba, señalando que el poder del PCC está debilitado y que ninguna estructura estatal, gubernamental o judicial puede hacer frente a la situación actual en la isla.
González Pedraza, que se presentó ante la corte sin representación legal, había declarado anteriormente que no había encontrado a ningún abogado dispuesto a representarla. Su próxima audiencia está programada para el 25 de septiembre.
La exjueza llegó a Estados Unidos el 30 de mayo bajo el programa de parole humanitario, pero le fue denegada la entrada al país, lo que ha resultado en su detención en el Broward Transitional Center (BTC) en Florida.
En 2020, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitió una guía de política que establece la inadmisibilidad de personas afiliadas al Partido Comunista u otros partidos totalitarios, ya que dicha afiliación es "incompatible con el Juramento de Lealtad" a Estados Unidos.
El mismo día de la audiencia de González Pedraza, se llevó a cabo el juicio contra los cuatro jóvenes que ella había condenado en Cuba. El Tribunal de Villa Clara admitió la apelación de la sentencia, tras las declaraciones de la exjueza que revelaban irregularidades en el proceso. Los familiares de los jóvenes reportaron una fuerte presencia policial en el Tribunal, impidiendo la entrada de personas a la sala.
González Fuentes, Rodríguez Pérez, y Medina Pedraza fueron sentenciados a cuatro años de prisión, mientras que Barreiro Pérez recibió una condena de tres años, acusados de lanzar cócteles molotov contra propiedades de oficiales de la policía y la Seguridad del Estado en Encrucijada, Villa Clara, en noviembre de 2022.