El Gobierno de España ha confirmado que no enviará ningún representante oficial a la ceremonia de toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela, programada para el próximo 10 de enero. Esta decisión se alinea con su postura adoptada en 2019, cuando tampoco se envió delegación alguna para el inicio del anterior mandato del líder chavista, bajo el mandato también de Pedro Sánchez.
El Ejecutivo español no ha reconocido los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio, argumentando la falta de transparencia en el proceso electoral. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano no publicó las actas de votación, mientras que los datos presentados por la oposición muestran una contundente victoria de su candidato, Edmundo González.
En consonancia con la posición común de la Unión Europea, España sigue sin reconocer a Maduro como presidente, pero tampoco ha declarado oficialmente a González como presidente electo. Esta ambigüedad ha sido objeto de críticas por parte del Congreso y el Senado españoles, que han solicitado un reconocimiento formal del candidato opositor. Mientras tanto, España ha otorgado asilo político a González, quien representa a la oposición tras la descalificación de María Corina Machado para participar en los comicios.
En una decisión conjunta tomada en Bruselas, los embajadores de los países miembros de la Unión Europea también se abstendrán de asistir a la ceremonia de Maduro. Por otro lado, González ha anunciado que planea viajar a Caracas para proclamarse presidente basándose en actas electorales que, según él, confirman su victoria.
La comunidad internacional, incluidas más de 30 naciones, firmó en septiembre una declaración conjunta instando a una transición democrática en Venezuela. Este grupo también considera que la documentación disponible respalda la victoria de González en las elecciones presidenciales. El Centro Carter, que actuó como observador electoral, avaló actas originales que otorgan a González el 67% de los votos frente al 31% de Maduro.
La postura de España refleja su compromiso con una solución pacífica y democrática para la crisis política venezolana, aunque también pone de manifiesto las tensiones diplomáticas inherentes a esta situación.