El Gobierno de Estados Unidos anunció una medida inédita para enfrentar el creciente colapso en el sistema de inmigración: cientos de abogados militares y civiles serán designados temporalmente como jueces de inmigración.
Según un memorando fechado el 27 de agosto y revisado por The Associated Press, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó que hasta 600 abogados del Pentágono sean asignados al Departamento de Justicia (DOJ) con el objetivo de agilizar miles de procesos que permanecen estancados en las cortes del país.
La medida responde a una solicitud del DOJ y prevé que los primeros grupos de 150 abogados comiencen a trabajar “tan pronto como sea viable”. Inicialmente, la designación tendrá una duración máxima de 179 días, aunque podría extenderse en caso necesario.
Un portavoz del DOJ evitó dar más detalles y remitió las preguntas al Departamento de Defensa, mientras que funcionarios del Pentágono señalaron que la decisión se tomó en coordinación con la Casa Blanca.
Desde el Ejecutivo se insistió en que la situación debe ser atendida con carácter de “prioridad nacional”, subrayando la necesidad de dar respuestas tanto a quienes buscan resolver su estatus legal como a un sistema judicial que se encuentra bajo fuerte presión.
Actualmente, las cortes de inmigración arrastran un atasco de casi 3,5 millones de casos, una cifra que se ha incrementado de manera notable en los últimos años, en gran parte debido al endurecimiento de las políticas migratorias y al incremento de detenciones y procesos de deportación.
El déficit de jueces ha empeorado el problema. Según la International Federation of Professional and Technical Engineers, al menos 17 jueces de inmigración han sido despedidos o han renunciado recientemente bajo la Administración republicana, reduciendo aún más la capacidad de respuesta del sistema.
Hoy en día, el país cuenta con unos 600 jueces de inmigración activos, lo que significa que la medida del Pentágono, de concretarse en su totalidad, duplicaría el número de magistrados disponibles.
Aunque la decisión es vista por algunos como un alivio temporal, también genera interrogantes sobre la preparación de los abogados militares para desempeñar funciones judiciales en un campo tan complejo como el de inmigración, que suele implicar asilo político, peticiones de refugio y apelaciones legales prolongadas.
Defensores de inmigrantes temen que la incorporación apresurada de personal pueda acelerar deportaciones sin garantizar procesos justos, mientras que voces del Gobierno sostienen que la medida busca precisamente evitar que miles de personas esperen durante años para obtener una resolución.
La estrategia se enmarca en una ofensiva más amplia de la Administración Trump contra la inmigración, con énfasis en el control de fronteras, el aumento de detenciones y la agilización de expulsiones.
Fuente: AP
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