En Pinar del Río, la policía confirmó la detención de un hombre identificado como Omar, residente en el área del Villamil, acusado de sustraer varias computadoras y accesorios de la Universidad de la provincia. El operativo se llevó a cabo tras un registro en su vivienda, donde fueron hallados los equipos robados que, según las autoridades, ya han sido devueltos para uso de los estudiantes en el inicio del curso escolar.
El caso, que ha generado comentarios en redes sociales, pone nuevamente en evidencia el crecimiento de la delincuencia en Cuba, un fenómeno que se intensifica en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país.
Aunque la propaganda oficial resalta la eficacia de la policía en este tipo de operativos, lo cierto es que los robos, asaltos y actos de violencia se han vuelto cada vez más comunes en la vida cotidiana. Desde viviendas y centros estatales hasta el transporte público y los negocios privados, los reportes de hechos delictivos circulan a diario en redes sociales y medios independientes.
En muchas provincias se repiten denuncias de robos de motocicletas eléctricas, celulares, ganado e incluso alimentos básicos como harina, arroz o café. También se han registrado con frecuencia asaltos violentos contra transeúntes, a plena luz del día. La percepción de inseguridad es creciente, al punto de convertirse en uno de los principales temas de preocupación de la población, junto con la escasez de alimentos y los apagones.
La ola de robos no puede entenderse sin el contexto actual. Con salarios que no cubren las necesidades básicas, inflación descontrolada, falta de empleos bien remunerados y un mercado negro que opera a precios exorbitantes, muchos recurren a la delincuencia como salida desesperada.
A esto se suma la incapacidad del Estado para garantizar seguridad ciudadana de manera sostenida. Aunque las autoridades celebran casos puntuales como el robo frustrado en Pinar del Río, la realidad es que las fuerzas del orden no logran frenar la magnitud del problema.
La delincuencia no solo afecta al patrimonio material de las instituciones y familias, sino que erosiona la confianza de los ciudadanos en su entorno. Los estudiantes y trabajadores, por ejemplo, temen perder sus medios de estudio y trabajo; las familias, sus electrodomésticos o vehículos. En muchos barrios, la gente se organiza por su cuenta para vigilar y proteger lo poco que tienen.
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