En un nuevo capítulo de la guerra contra la inmigración irregular, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha abierto un inesperado frente de conflicto, esta vez con el propio Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Durante una intervención en Orlando, DeSantis denunció públicamente que ICE está reclutando a policías locales recién entrenados para labores migratorias, tentándolos con jugosos bonos de hasta 50,000 dólares. El gobernador acusó a la agencia federal de “robarle” personal clave a las fuerzas del orden floridanas, debilitando el operativo estatal contra los indocumentados.
“¿Por qué tienen que venir a buscar a nuestros agentes que ya están en la pelea?”, cuestionó visiblemente molesto, aludiendo al plan de expansión que ICE ejecuta con fondos del "One Big Beautiful Bill Act", una ley migratoria impulsada por Donald Trump. La tensión se refleja también en la postura de los sheriffs locales, quienes han alzado la voz ante lo que perciben como una traición.
“Estamos recibiendo correos ofreciendo bonos y beneficios. ¿Así nos agradecen por ayudarles a hacer su trabajo?”, declaró indignado el sheriff del condado de Polk, Grady Judd, quien exigió una disculpa a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. En Pinellas, su homólogo Bob Gualtieri fue tajante: “ICE está usando nuestra colaboración para quitarle personal a nuestras agencias”. La molestia se ha extendido por todo el estado.
Florida, que encabeza los operativos de detención gracias al programa 287(g), ve en esta ofensiva federal una amenaza directa a su capacidad de respuesta local. Con 10,800 arrestos en lo que va de año y un 43% de participación nacional en este tipo de acuerdos, el estado se ha convertido en el corazón del endurecimiento migratorio. Sin embargo, el intento de ICE por apropiarse de agentes entrenados por las autoridades locales revela una fractura en la supuesta unidad conservadora.
"Esto no es mi política. Viene de ICE. Así que, si no están de acuerdo, alcen la voz", remató DeSantis, deslindándose parcialmente y apuntando a un conflicto interno de mayores proporciones.
Todo ocurre mientras aumentan las redadas, las deportaciones exprés y las denuncias por separación familiar. En comunidades migrantes, el temor se profundiza. Y ahora, la crisis no solo se libra en las calles, sino también dentro del propio bloque que prometía “mano dura” contra los indocumentados.
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