Un cubano de 40 años, natural de Campechuela en la provincia Granma, enfrenta una sanción económica inédita por parte del gobierno de Estados Unidos: una multa de 534,928 dólares debido a que no abandonó voluntariamente el país tras recibir una orden de deportación.
La penalización fue notificada el 22 de julio de 2025 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el marco de una nueva política implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que modifica el procedimiento para imponer multas a migrantes con órdenes de salida.
Este migrante llegó a EE.UU. en marzo de 2022, luego de recorrer la llamada “ruta de los volcanes” desde Cuba. Se estableció en Tampa, Florida, donde trabajó como ayudante en una empresa de instalación de pisos.
Sin embargo, al arribar recibió un “Notice to Appear” (NTA), que lo citaba a una audiencia en la corte de inmigración en Orlando. Sin asesoría legal ni conocimiento del proceso, no acudió a esa cita, lo que llevó a que en febrero de 2024 un juez dictara su deportación en ausencia.
En agosto de 2024, un recurso legal para reabrir su caso fue rechazado, dejándolo bajo riesgo de deportación expedita. La multa millonaria, que ha sorprendido incluso a expertos, refleja un endurecimiento en la política migratoria estadounidense. La nueva norma elimina el aviso previo de 30 días para apelar, permite el envío de notificaciones por correo ordinario y reduce drásticamente el tiempo para presentar recursos legales.
Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de Seguridad Nacional, defendió la medida afirmando que “las leyes no se hacen cumplir a sí mismas, debe haber consecuencias por desobedecerlas”.
Además, el DHS promueve el uso de la aplicación CBP Home, que facilita la autodeportación voluntaria con beneficios que incluyen el perdón total de multas acumuladas, un boleto de avión gratuito y un bono económico de 1,000 dólares para quienes decidan salir del país antes de que sea demasiado tarde.
El caso del cubano de Campechuela no es aislado. En julio se conoció de otro migrante cubano que recibió una multa de 690,000 dólares. Este último tenía una historia más larga en EE.UU., habiendo vivido con estatus legal durante años, pero enfrentó una condena federal y detención migratoria. Su deportación no pudo realizarse debido a la negativa del gobierno cubano de recibirlo, lo que complicó su situación legal y financiera.
Este nuevo esquema genera una categoría inédita de migrantes: personas con orden de deportación y sanciones millonarias, sin acceso inmediato a la legalización de su estatus ni a trabajo formal, y tampoco deportadas de forma expedita. Mientras tanto, enfrentan incertidumbre legal y riesgos de detención en centros como Baker County, Krome o Alligator Alcatraz.
La política de autodeportación voluntaria busca aliviar esta situación mediante incentivos, pero el futuro para miles permanece incierto. El caso de este cubano es un reflejo de un sistema migratorio cada vez más complejo y punitivo, que transforma la experiencia migrante en Estados Unidos y plantea importantes debates sobre derechos y justicia.
Fuente: Diario Las Américas
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