Miles de trabajadores norcoreanos enviados a Rusia enfrentan condiciones laborales extremas que algunos desertores describen como una “prisión sin barrotes”, según reportes de Huffpost.
La mayoría de estos ciudadanos trabaja en la construcción de rascacielos, carreteras y otras infraestructuras clave, con jornadas que superan las 18 horas diarias y apenas dos días libres al año.
Las condiciones de vida son deplorables: muchos viven hacinados en contenedores sucios infestados de insectos o incluso duermen en el suelo de las obras. La iluminación es mínima, los equipos de seguridad escasos y los riesgos de accidentes laborales son constantes. Testimonios denuncian agresiones físicas por quedarse dormidos o intentar descansar, y la atención médica suele ser prácticamente inexistente.
La gran mayoría de estos trabajadores emigró en busca de escapar de la pobreza en Corea del Norte, pero sus salarios están en gran parte confiscados por el régimen. Entre el 70 y 90% de sus ingresos son retenidos bajo el concepto de “cuotas de fidelidad”, dejándoles solo entre 100 y 200 dólares mensuales, y en muchos casos, solo podrán acceder al dinero una vez regresen a su país.
Esta práctica dificulta cualquier intento de fuga y genera un contraste marcado con otros trabajadores extranjeros en Rusia, que perciben salarios hasta cinco veces mayores. Los propios colegas han llegado a calificar estas condiciones como “esclavitud moderna”.
Expertos advierten que Rusia, ante una creciente escasez de mano de obra, ha encontrado en los trabajadores norcoreanos una solución económica, aunque altamente cuestionable.
Se estima que en 2024 unos 10.000 norcoreanos fueron enviados al país y para 2025 la cifra podría superar los 50.000. Muchos ingresan con visados de estudiante, lo que podría ser una estrategia para evadir las sanciones internacionales de la ONU que prohíben el empleo de ciudadanos norcoreanos en el extranjero desde 2019.
Además de la construcción, miles de estos trabajadores han sido enviados a zonas de conflicto en Ucrania para tareas de desminado y reconstrucción de infraestructura militar, en el marco de acuerdos entre Moscú y Pyongyang.
A pesar de las prohibiciones internacionales, el régimen de Kim Jong-un continúa utilizando a estos ciudadanos como fuente de ingresos, mientras Rusia acepta y facilita su presencia ante la presión de su economía de guerra.
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