Los medios de propaganda del régimen castrista han comenzado a exponer casos de corrupción administrativa dentro del sistema estatal. En el programa Hacemos Cuba, conducido por el vocero oficialista Humberto López, se detallaron dos hechos de malversación en Pinar del Río y Artemisa.
La información presentada expone la realidad que se intenta esconder: todos los dirigentes roban lo más que pueden. Algunos caen en manos de la “justicia” en procesos ejemplarizantes diseñados para sembrar temor; otros logran salir del país tras acumular fortunas a costa del erario público. Mientras tanto, la verdadera cúpula, sobre todo los militares de Gaesa, permanece por encima de la ley.
El primer caso ocurrió en la Dirección Provincial de Finanzas y Precios de Pinar del Río, donde la directora fue acusada de modificar el presupuesto sin autorización. Según los informes, transfirió alrededor de dos millones de pesos a una unidad presupuestada con el supuesto objetivo de reparar vehículos y lavandería. El contrato fue adjudicado a una Mipyme privada que nunca ejecutó las obras y se quedó con el dinero.
Además, la funcionaria utilizó su posición para favorecer a amigos personales y se implicó en falsificación de documentos bancarios y malversación de fondos, generando facturas falsas para incrementar pagos a trabajadores por cuenta propia que tampoco prestaron los servicios pactados.
La fiscalía ha solicitado 15 años de prisión para la directora de Finanzas, 10 años para el subdirector de precios y 8 años para un trabajador por cuenta propia beneficiado con las falsificaciones. El caso se encuentra ya en fase de casación en el Tribunal Supremo, tras las apelaciones de los implicados.
El segundo caso corresponde a la empresa de cítricos La Ceiba en Artemisa e involucra a un trabajador por cuenta propia que aprovechó irregularidades contractuales para cometer fraude. La empresa firmó con él un contrato de exportación de carbón vegetal y le pagó de manera anticipada 30 millones de pesos. Sin embargo, el carbón nunca llegó a la empresa, generando una deuda superior a 28 millones de pesos.
En lugar de cumplir con lo pactado, el trabajador compró carbón ilegalmente y lo revendió, ignorando por completo el contrato. La empresa tampoco realizó verificaciones para comprobar la autenticidad del negocio, lo que permitió que el pago millonario quedara en manos del contratista.
La falta de control y supervisión resalta la negligencia en la gestión empresarial, permitiendo que una suma tan significativa fuera desviada sin comprobaciones adecuadas.
Ambos casos revelan un patrón: falta de verificación, ausencia de controles internos, vínculos irregulares con el sector privado, inseguridad jurídica y evasión de responsabilidades. Un reflejo de la descomposición de las estructuras estatales, donde el desorden y la impunidad son la norma.
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