Ramón Rodríguez Vázquez dedicó más de la mitad de su vida a trabajar bajo el sol en los campos agrícolas del estado de Washington. Durante 16 años, este mexicano de 62 años cultivó manzanas, cerezas y espárragos. Pagaba sus impuestos, tenía amigos, era querido por su comunidad y ayudaba a criar a sus cuatro hijos y diez nietos. Pero un día cualquiera, todo cambió.
El 5 de febrero de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpieron en su casa buscando a otra persona. Ramón, que nunca había cometido un delito, fue detenido sin derecho a fianza, pese a las cartas de apoyo de su médico, sus jefes y vecinos. Fue trasladado al centro de detención de Tacoma, donde su salud comenzó a deteriorarse. No siempre recibía sus medicamentos y la ansiedad por no poder cuidar a su nieta enferma lo consumía.
En un acto de desesperación, pidió “salida voluntaria”: irse del país sin un registro formal de deportación. Así, regresó solo a México, dejando atrás a toda su familia.
Su caso es uno entre miles. Desde julio, el ICE ha endurecido las políticas de deportación bajo el argumento de “mantener seguras las calles”. Sin embargo, lo que muchos ven es un sistema que empuja a las personas a abandonar Estados Unidos por miedo, una estrategia conocida como autodeportación. Según datos oficiales, 1,6 millones de personas han salido del país en lo que va de año, muchas de ellas por decisión forzada.
Mientras tanto, la administración Trump defiende el programa e incluso ofrece incentivos de hasta 1.000 dólares a quienes abandonen el país de manera voluntaria. Quienes se niegan corren el riesgo de ser enviados a países lejanos como Ruanda o Sudán del Sur.
El caso de Ramón conmovió a Grandview, la pequeña ciudad agrícola donde vivía. Su empleador escribió al juez que su ausencia “se siente profundamente” y que era un trabajador ejemplar. Su nieta, con una grave condición cardíaca, perdió al único familiar que podía llevarla al hospital.
El pasado 30 de septiembre, un juez federal dictaminó que negar audiencias de fianza a inmigrantes era ilegal. Pero para Ramón, la justicia llegó tarde.
Su historia simboliza el costo humano de un sistema que prioriza las cifras sobre las vidas. Miles de familias, como la suya, siguen desmembradas por políticas que los tratan como criminales, cuando en realidad solo buscaban lo mismo que millones de inmigrantes antes que ellos: una oportunidad para vivir con dignidad.
Fuente: AP
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