Con la típica fanfarria propagandística que caracteriza al oficialismo, el gobierno cubano ha anunciado con entusiasmo un nuevo aumento parcial en las pensiones que, en la práctica, resulta tan inútil como insultante. A partir del 1 de septiembre, con pagos adelantados desde el 20 de agosto, los jubilados verán incrementos que apenas alcanzan para comprar un cartón de huevos o algunos pocos kilogramos de carne. Mientras tanto, la maquinaria mediática estatal lo presenta como una “medida de justicia social”.
La realidad es otra. En un país donde los precios de los alimentos y productos básicos se disparan cada semana y la inflación devora el poder adquisitivo de todos los cubanos, este incremento de 1.528 pesos —equivalente a unos pocos dólares al cambio real— no resuelve absolutamente nada. Solo suma una cifra más al libreto propagandístico del régimen, que intenta maquillar el fracaso económico estructural con medidas que no atacan el problema de fondo: la parálisis productiva del país.
La clave no está en subir salarios o pensiones sobre un papel sin respaldo, sino en generar riqueza real. Y eso solo es posible si se estimula la producción nacional. Pero en lugar de facilitar el trabajo a los campesinos, empresarios privados y emprendedores que intentan sacar adelante al país con sus propios medios, el gobierno los acosa con regulaciones absurdas, persecuciones fiscales, decomisos arbitrarios y discursos criminalizantes.
Mientras tanto, los jubilados —quienes trabajaron durante décadas— ven cómo su vejez transcurre entre colas interminables, apagones, medicamentos inexistentes y un sistema de salud en ruinas. Los 4.000 pesos que recibirán algunos después del supuesto ajuste no alcanzan ni para cubrir una dieta básica mensual, mucho menos para medicamentos, transporte o ropa.
El discurso oficial asegura que esta es una “prioridad del Estado”, una “muestra de compromiso con los sectores más vulnerables”. Lo cierto es que es otra jugada de relaciones públicas para distraer del verdadero drama: un sistema económico completamente inoperante que sigue dependiendo de subsidios externos, remesas familiares y un control estatal sobre la economía que solo sirve para empobrecer más a quienes ya no tienen nada.
El anuncio viene acompañado de cifras y declaraciones técnicas de funcionarios que hablan de “disciplina fiscal”, “responsabilidad colectiva” y “prioridades presupuestarias”, mientras el país se hunde en la desesperanza. Hablan de que esta medida costará 25.000 millones de pesos al año, como si ese dinero tuviera un respaldo productivo real, cuando en realidad solo significa más emisión sin sustento, lo que inevitablemente alimentará aún más la inflación.
Y lo peor: se vende la idea de que esto es “el primer paso” de un plan integral, como si se tratara de una estrategia sólida cuando no hay ni plan, ni dirección, ni voluntad real de cambiar el rumbo. El Estado cubano no produce, solo redistribuye miseria y espera que los números cuadren con discursos ideológicos. Mientras tanto, los sectores que podrían reactivar la economía siguen siendo los más reprimidos: los trabajadores por cuenta propia, los campesinos independientes, los pequeños negocios familiares, los verdaderos generadores de riqueza.
No es con medidas simbólicas ni con promesas vacías que se sacará a Cuba del abismo. Es hora de que la verdad se diga sin eufemismos: el régimen no tiene solución económica porque no quiere soltar el control absoluto. La represión al sector privado es parte del problema, no un daño colateral.
El pueblo cubano no necesita más aumentos inútiles. Necesita libertad para producir, para comerciar y para decidir su destino económico sin la bota ideológica de un sistema que hace décadas dejó de funcionar.
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