El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos confirmó que cumplirá una orden de un tribunal federal que le exige volver a procesar con normalidad determinados casos migratorios que habían quedado paralizados. La decisión alcanza a solicitantes de Cuba y de otros países incluidos en las proclamaciones presidenciales, aunque USCIS dejó claro que mantiene su desacuerdo con el fallo y podría buscar una revisión judicial.
Una decisión de un tribunal federal en California abrió nuevamente el camino para miles de solicitantes de inmigración cuyos expedientes permanecían detenidos bajo políticas implementadas por la administración de Donald Trump.
USCIS informó el 28 de agosto que acatará la orden emitida el 24 de agosto por el Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de California en el caso Red Eagle Law, L.C. v. Joseph B. Edlow. La resolución bloqueó dos memorandos internos de la agencia, identificados como PM-602-0192 y PM-602-0194, que habían establecido una pausa en la adjudicación de determinados beneficios migratorios.
La decisión tiene especial importancia para los cubanos porque Cuba se encuentra entre los países contemplados por las proclamaciones presidenciales que dieron origen a las medidas de revisión reforzada. La clase certificada por el tribunal incluye a ciudadanos o nacionales de 39 países, además de personas vinculadas a la Autoridad Palestina, cuyos casos estaban sujetos a esas suspensiones.
Entre los afectados figuran personas con solicitudes de asilo I-589 pendientes y otros solicitantes que mantenían trámites abiertos ante USCIS cuando fueron alcanzados por el congelamiento.
La agencia migratoria, sin embargo, marcó distancia con la decisión judicial. En su comunicado oficial afirmó que no está de acuerdo con la orden, aunque señaló que cumplirá sus términos mientras continúa el proceso legal y se evalúan posibles recursos o revisiones. USCIS también adelantó que emitirá nuevas instrucciones conforme avance el litigio.
Para los inmigrantes afectados, la diferencia es significativa: sus expedientes dejan de estar sujetos a la pausa específica cuestionada y deben volver al procesamiento ordinario de la agencia. Eso no significa que todos los casos serán aprobados automáticamente ni que desaparezcan los controles de seguridad.
De hecho, USCIS sostiene que las políticas suspendidas buscaban reforzar los procedimientos de investigación y verificación relacionados con seguridad nacional y seguridad pública.
El fallo tampoco pone fin al conflicto. La propia agencia contempla una eventual revisión judicial, por lo que el panorama podría cambiar nuevamente.
Por ahora, la orden representa un alivio para los solicitantes que llevaban meses esperando movimiento en sus expedientes y devuelve a USCIS la obligación de continuar procesándolos conforme a los procedimientos habituales.
Fuentes: USCIS - LAW 360 - CLINCH LAW FIRM
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