Misael Enamorado Dager, quien fuera primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Santiago de Cuba entre 2001 y 2009, ha sido señalado en una lista de 100 ciudadanos cubanos cuya deportación ha sido solicitada en Estados Unidos debido a su presunta participación en actos represivos en la isla.
La lista, impulsada por el congresista republicano Carlos Giménez, insta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a investigar la presencia de exfuncionarios del régimen cubano en territorio estadounidense, alegando que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional.
Enamorado actualmente reside en Houston, Texas, junto a su esposa, tras haber ingresado a EE.UU. bajo el programa de parole, un proceso gestionado por su hijo, quien lleva años establecido en el país. Su llegada a territorio estadounidense se hizo pública en diciembre de 2023, generando críticas entre sectores del exilio cubano.
Con una larga trayectoria dentro de la estructura del PCC, Enamorado no solo dirigió el partido en Santiago de Cuba, sino que en 2011 fue promovido al Secretariado del Comité Central durante el VI Congreso, trabajando junto a altos dirigentes como Esteban Lazo y José Ramón Machado Ventura. Sin embargo, en 2013, durante una reestructuración interna encabezada por Raúl Castro, fue apartado de su cargo y desapareció de la vida pública hasta su posterior emigración.
El informe titulado "Cuban Repressors in the United States of America", presentado por Giménez, denuncia que la permanencia en EE.UU. de exdirigentes y agentes del gobierno cubano contradice los valores democráticos del país. "Estos operativos del régimen pueden representar un riesgo para nuestras comunidades y facilitar actividades de espionaje y coerción política dentro de nuestras fronteras", advirtió el legislador en una carta dirigida a la secretaria del DHS, Kristi Noem.
El congresista también cuestionó el uso de la Ley de Ajuste Cubano y de programas humanitarios que permiten la entrada de individuos con antecedentes vinculados al régimen cubano. Según Giménez, estas políticas fueron diseñadas para proteger a víctimas de persecución y no a quienes, en el pasado, formaron parte del aparato represivo del gobierno de la isla.
El pedido de deportación ha sido respaldado por organizaciones del exilio cubano, que desde hace tiempo exigen una mayor fiscalización de los antecedentes de los solicitantes de refugio y asilo en EE.UU. Consideran que la llegada de exfuncionarios comunistas representa una ofensa para quienes han sufrido la represión del régimen.
Hasta el momento, el DHS no ha emitido una respuesta oficial sobre el informe ni ha anunciado acciones contra los individuos mencionados. Sin embargo, el reciente caso de Tomás Emilio Hernández Cruz, un exfuncionario de inteligencia cubano detenido en Florida por ocultar información en su proceso migratorio, sugiere que el gobierno estadounidense podría endurecer su política respecto a este tipo de casos.