Después de más de seis décadas de control centralizado, de decisiones tomadas desde arriba, de una maraña de trabas burocráticas que han asfixiado la producción y hundido al país en una miseria estructural, el Gobierno cubano parece haber encontrado una nueva narrativa para explicar el desastre: ahora afirma que “en el municipio es donde se concentran y deben resolverse los problemas de la población”. La frase, pronunciada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de La Habana, suena menos a solución que a acto de absolución política, al más puro estilo de Poncio Pilato.
Según el discurso oficial, el problema no está en el modelo, ni en la planificación central, ni en la asfixia regulatoria que durante décadas ha impedido a productores, empresas y ciudadanos tomar decisiones básicas. El problema —dice ahora el Gobierno— está en la “implementación”, en la “resistencia al cambio” y, sobre todo, en los municipios. Es allí donde, aseguran, deben transformarse la producción de alimentos, la vivienda, el funcionamiento de la empresa estatal y la atención a la población.
La pregunta es inevitable: ¿cómo pueden los municipios resolver problemas que no controlan? Durante más de 60 años, el Estado ha concentrado el poder económico, financiero y político. Los municipios no deciden qué importar, no controlan divisas, no fijan políticas monetarias, no determinan precios clave, no gestionan el comercio exterior ni diseñan el marco legal que estrangula la iniciativa productiva. Sin embargo, ahora se les exige resultados como si fueran responsables del colapso.
Marrero reconoce que existe una brecha entre las normas “transformadoras” aprobadas y los resultados palpables para la población. Pero evita mencionar que esas normas suelen llegar tarde, incompletas y condicionadas por un temor crónico a perder el control. Se habla de autonomía municipal, mientras se mantiene un sistema donde cada decisión relevante depende de autorizaciones superiores, informes, inspecciones y mecanismos de control que paralizan cualquier iniciativa.
El caso de los alimentos es ilustrativo. El Primer Ministro afirma que los alimentos más seguros son los que se puedan producir localmente y pide identificar áreas improductivas y responsables “con nombre y apellidos”. Pero omite que los productores enfrentan falta de insumos, mercados mayoristas inexistentes, precios topados, impuestos elevados y un Estado que interviene cuando quiere y como quiere. Señalar al municipio no hace aparecer fertilizantes, combustible o libertad para vender.
Lo mismo ocurre con la vivienda. Se reconoce el déficit habitacional, el incumplimiento de planes y la parálisis de proyectos alternativos como las casas contenedores. Pero la raíz del problema no está en el municipio, sino en un sistema incapaz de generar materiales, financiar soluciones y permitir que el sector privado construya sin un laberinto de permisos.
En cuanto a la empresa estatal socialista, Marrero insiste en “eliminar la burocracia”, una frase repetida desde hace décadas sin resultados. La empresa estatal sigue siendo ineficiente porque no decide, no compite y no quiebra, mientras absorbe recursos que podrían dinamizar la economía real. Reconocer el papel del sector privado y hablar de esquemas “ganar-ganar” suena bien, pero choca con una realidad donde ese mismo sector es vigilado, multado y limitado constantemente.
El traslado del discurso hacia los municipios no es empoderamiento; es desplazamiento de responsabilidades. Cuando el Gobierno central fracasa, baja la carga política hacia estructuras locales sin herramientas reales. Así, si no hay alimentos, transporte, agua o vivienda, la culpa no será del modelo, sino del municipio que “no supo implementar”.
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