El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró desde una prisión en Estados Unidos que se encuentra “bien” y en “buena condición”, enviando un mensaje de fortaleza a sus seguidores a través de su entorno político. Su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, afirmó el sábado que, según el equipo legal que lo visita, “los abogados nos han dicho que está fuerte… nosotros estamos bien, somos unos luchadores”.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados a Nueva York, donde están detenidos en espera de enfrentar un juicio federal por cargos relacionados con narcotráfico, narco-terrorismo y otros delitos graves.
Mientras Maduro habla de resistencia personal desde una cárcel en Brooklyn, esta declaración contrasta brutalmente con la realidad vivida por miles de venezolanos que sufrieron, y muchos aún sufren, bajo su régimen. La prisión y el miedo a la injusticia han sido herramientas habituales del gobierno que él encabezó durante más de una década: cientos de opositores y ciudadanos comunes fueron arbitrariamente detenidos, torturados o murieron bajo custodia, acusados de delitos políticos o simplemente de disentir del poder.
Organizaciones de derechos humanos han documentado la represión sistemática en Venezuela, donde espacios como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y otras fuerzas de seguridad actuaron con impunidad contra quienes expresaban críticas al Gobierno. Presos políticos denunciaron maltratos, condiciones inhumanas y largas detenciones sin juicio justo, situaciones que se convirtieron en rutina para quienes se enfrentaban a la maquinaria represiva chavista. Muchos de ellos nunca pudieron afirmar que “estaban bien”: sus historias son de tortura, arbitrariedad y sufrimiento.
El contraste entre la situación actual de Maduro —con acceso a abogados, visitante político y la posibilidad de reclamar ante un sistema judicial independiente— y la de los perseguidos en Venezuela es evidente. Durante años, víctimas del régimen chavista quedaron olvidadas en calabozos, cárceles o desaparecieron sin que sus familias conocieran su destino, mientras el aparato de Estado justificaba detenciones bajo el argumento de “defender la revolución”.
La narrativa oficial desde Caracas intenta proyectar una imagen de fortaleza e injusticia sufrida, pero no puede borrar las décadas de represión que marcaron la vida de miles de venezolanos. Muchos de los que vivieron la violencia del régimen jamás tuvieron la oportunidad de enviar un mensaje de tranquilidad o fortaleza desde una prisión, ni tampoco un proceso justo ante un tribunal imparcial.
En Estados Unidos, Maduro enfrenta un sistema de justicia que, más allá de su complejidad geopolítica, garantiza derechos procesales básicos y transparencia que sus propios ciudadanos reclaman desde hace años para Venezuela. Allí puede decir que está “fuerte” y que “no lo han vencido”; sin embargo, son miles los que durante su mandato no tuvieron ni voz ni justicia, ni pudieron siquiera contar con un abogado o ver el sol al salir de sus celdas.
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