En plena crisis económica y social, el régimen cubano decide cargar con más peso la balanza de la represión. La reciente acusación formal contra las profesoras Alina Bárbara López Hernández y Jenny Victoria Pantoja Torres, basada en cargos falsos y relatos distorsionados, revela una estrategia bien conocida: ocultar la motivación política de los actos represivos bajo el disfraz de delitos comunes.
La Fiscalía solicita la apertura de juicio oral y lanza un cúmulo de acusaciones —atentado, desacato, desobediencia— acompañadas por sanciones de prisión y trabajo correccional. Pero la narrativa oficial choca con una realidad muy distinta: ambas mujeres, intelectuales respetadas y pacíficas, fueron detenidas y golpeadas sin justificación mientras ejercían su derecho a la libre circulación.
"Lo que la Fiscalía presenta es un grotesco guion de ficción, donde Alina es convertida en una especie de Bruce Lee al servicio del caos, y Jenny en una cómplice que actúa por transmisión psíquica. Todo está mal redactado, lleno de errores, y lo peor: es mentira de principio a fin."
Las verdaderas víctimas, según sus propios testimonios y exámenes médicos, sufrieron violencia física grave a manos de la Policía. La oficial denunciante, con formación en judo, arremetió brutalmente, apoyada por varios hombres uniformados. Aún hoy, ambas mujeres lidian con secuelas físicas.
La acusación intenta borrar cualquier contexto político. La detención fue ordenada con antelación, y las autoridades sabían exactamente a quiénes buscaban. Sin embargo, el texto fiscal se limita a justificar el operativo con frases hechas como “verificación de identidad” o “prevención de delitos”, sin mencionar nunca términos como “manifestación pacífica” o “disenso”. "Este guion no busca justicia, sino ocultar el verdadero motivo del arresto: impedir el ejercicio de derechos constitucionales por parte de dos ciudadanas que iban camino a La Habana sin cometer delito alguno."
El aparato estatal orquesta así una maniobra clásica: transformar una persecución política en una trifulca personal. La fiscal Caballero Arango presenta a las acusadas como villanas de cómic, mientras silencia el origen político de su detención.
Esa tergiversación permite al gobierno cubano seguir proclamando ante el mundo que en la Isla no hay presos políticos. Pero el juicio pendiente, aún sin fecha, no juzgará solo a dos mujeres: será la Constitución de 2019 la que estará sentada en el banquillo, en evidencia de su total inoperancia cuando los derechos declarados colisionan con el poder absoluto del Partido Comunista.
El resultado es un proceso bochornoso que convierte derechos en delitos, víctimas en agresoras, y la justicia en una puesta en escena. La acusación es tan absurda como reveladora: el verdadero delito de Alina y Jenny fue ejercer sus derechos en un país donde hacerlo se paga caro.
Del perfil de Bárbara López Hernández
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