El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró este lunes una sesión marcada por fuertes divisiones internacionales tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro. El debate evidenció posturas enfrentadas entre países que denunciaron una violación al derecho internacional y otros que respaldaron la acción como un golpe contra el narcoterrorismo.
Durante la sesión, varias delegaciones coincidieron en que el caso venezolano se ha convertido en una prueba crítica para la vigencia de la Carta de la ONU, en particular los principios de soberanía, integridad territorial y prohibición del uso de la fuerza.
El embajador de España ante la ONU, Héctor Gómez, expresó su “profunda preocupación” por lo ocurrido y advirtió que sienta un precedente peligroso con implicaciones globales. Subrayó que los recursos naturales de Venezuela forman parte inseparable de su soberanía y no pueden ser objeto de disputas mediante acciones militares. Aunque recordó que España no reconoce los resultados de las elecciones venezolanas de 2024 y ha condenado reiteradamente las violaciones de derechos humanos, insistió en que cualquier salida a la crisis debe surgir del pueblo venezolano y dentro del marco del derecho internacional.
Una postura similar fue defendida por Chile, cuyo representante señaló que, pese a no reconocer al régimen de Maduro, la grave crisis de derechos humanos en Venezuela “no tiene una solución militar”. Brasil y Colombia también alertaron sobre el impacto regional de la operación estadounidense. La embajadora colombiana, Leonor Zalabata Torres, calificó la intervención como un retorno a “los peores momentos de injerencia en América Latina” y advirtió que aceptar la ley del más fuerte debilita el multilateralismo.
En la misma línea, el secretario general de la ONU, António Guterres, instó a respetar la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de los Estados, mensaje transmitido por la subsecretaria general Rosemary DiCarlo.
En contraste, Argentina expresó un respaldo explícito a la acción de Washington. El embajador argentino calificó a Maduro como un “dictador” y afirmó que su permanencia en el poder representaba una amenaza regional. Bajo el gobierno del presidente Javier Milei, Buenos Aires sostuvo que la captura del líder chavista puede marcar un avance decisivo en la lucha contra el narcoterrorismo y abrir el camino para que Venezuela recupere la democracia.
Paraguay apoyó la necesidad de una reconstrucción institucional basada en la voluntad popular y reclamó la liberación de los presos políticos, mientras Panamá adoptó una posición intermedia. Aunque reiteró su compromiso con la soberanía de los Estados, el gobierno panameño dejó claro que no reconoce al régimen de Maduro y subrayó que la crisis venezolana se desarrolla en un contexto de desconocimiento de la voluntad popular.
La sesión dejó en evidencia una fractura profunda en América Latina y en la comunidad internacional, entre quienes priorizan el respeto estricto al derecho internacional y quienes consideran legítimo el uso de la fuerza frente a regímenes acusados de narcotráfico y autoritarismo.
Denuncian represión policial contra familias y abuso a menores en Pinar del Río (Video)
Hace 7 horas