El gobierno cubano ha anunciado la creación de nuevas normas para el perfeccionamiento y la flexibilización de trámites y servicios del sistema de la vivienda.
Según explican, la intención es permitir que construcciones y modificaciones ilegales en domicilios particulares puedan regularizarse durante seis años a través de un decreto y seis resoluciones.
Según refiere el oficialismo, estas normativas aparecen publicadas hoy en el Número 81 de la Gaceta Oficial Ordinaria de la República de Cuba, y entrarán en vigor el 19 de diciembre próximo.
De un paquete de siete medidas implementadas por el Instituto de Planificación Física (IPF) tendrán impacto directo en la población las resoluciones 57, “que elimina el documento técnico que elabora el arquitecto de la comunidad previamente al Dictamen de descripción, tasación y medidas y linderos de las direcciones municipales de Planificación Física ; 59, que concentra todos los trámites de estas entidades y la 60, sobre los procedimientos para la emisión de certificaciones catastrales en los asentamientos urbanos”.
El General de División Samuel Rodiles Plana, presidente del organismo, dijo en conferencia de prensa, en su sede, que los trámites gestionados por la población sobre la vivienda carecían de una estrategia integral de trabajo para garantizar su correcto funcionamiento.
Por otro lado, Rodiles Plana, igualmente miembro del Comité Central del Partido, comentó que para la solución de un proceso legal las personas tenían que presentarse ante diferentes entidades, lo que incidía de manera negativa en la calidad de los servicios.
“Con las nuevas normativas se simplifican los trámites relacionados con el dictamen técnico de la vivienda y el registro de los títulos de propiedad”, señaló Diana Rosa Suárez Matías, jefa del Departamento Independiente Jurídico del IPF.
De igual modo, la especialista remarcó que la Resolución 59, que implementa el procedimiento para la actualización de la descripción de la vivienda en el Registro de la Propiedad, estará en vigor durante los próximos seis años, con vistas a facilitar a los propietarios de los inmuebles la realización de todo el proceso de reajuste de los documentos legales de sus domicilios.
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