El régimen cubano comenzó a flexibilizar el control estatal sobre determinadas actividades de los servicios de salud, al permitir que micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cooperativas y empresas privadas gestionen servicios farmacéuticos y establezcan residencias de cuidados para adultos mayores.
La medida forma parte del nuevo marco regulatorio que reduce el número de actividades reservadas exclusivamente al Estado, aunque el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) aclaró que la atención médica continuará bajo control estatal y que los servicios hospitalarios en sus tres niveles seguirán siendo una responsabilidad exclusiva del Gobierno.
La información fue ofrecida por Cristina Lara Bastanzuri, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del MINSAP, durante una conferencia de prensa en la que se explicaron los cambios introducidos por el nuevo decreto que sustituye la normativa anterior.
Según la funcionaria, las entidades privadas podrán incorporarse a la gestión de servicios farmacéuticos, siempre que cumplan una serie de requisitos establecidos por las autoridades sanitarias. Los establecimientos deberán disponer de locales apropiados, con condiciones adecuadas de temperatura, humedad y almacenamiento, y contar con personal farmacéutico calificado.
Además, los negocios tendrán que ser habilitados por el MINSAP y solo podrán comercializar medicamentos que cuenten con registro sanitario y autorización oficial de comercialización.
La apertura representa un cambio significativo en un sector que durante décadas estuvo prácticamente monopolizado por el Estado. La propia funcionaria reconoció que uno de los objetivos es ofrecer una alternativa ante el desabastecimiento que afecta a la red estatal de farmacias, donde los cubanos enfrentan dificultades cada vez mayores para encontrar medicamentos básicos.
El Gobierno, sin embargo, asegura que las farmacias comunitarias estatales continuarán funcionando y mantendrán sus precios subsidiados. Las autoridades también prometen reforzar la disponibilidad de medicamentos en esa red y supervisar, junto con el Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, la calidad de los productos, los servicios ofrecidos y los precios de los establecimientos privados.
La nueva normativa también autoriza la creación de residencias de cuidados diurnos y permanentes para adultos mayores bajo modalidades de gestión no estatal. Estas instalaciones podrán ofrecer una o ambas formas de atención, en respuesta a las necesidades de una población cubana cada vez más envejecida.
El envejecimiento demográfico constituye uno de los principales desafíos sociales de Cuba, agravado por la emigración masiva de jóvenes y adultos en edad laboral. Esta situación ha dejado a numerosas familias con menos posibilidades de atender a sus mayores, mientras el sistema estatal enfrenta limitaciones económicas y de infraestructura.
Aunque el régimen mantiene bajo su control la atención médica, la autorización de nuevas actividades privadas en el ámbito de la salud evidencia la necesidad de recurrir al sector no estatal para cubrir carencias que el Estado ya no logra atender por sí solo.
La apertura, no obstante, se produce bajo estrictas regulaciones y supervisión gubernamental. Para los críticos del modelo cubano, la medida representa un reconocimiento implícito de las deficiencias acumuladas durante décadas en los servicios públicos y una admisión de que el monopolio estatal resulta cada vez más difícil de sostener en medio de la profunda crisis económica que atraviesa la isla.
Fuente: Cubadebate
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