Las autoridades rusas han intensificado su ofensiva contra Telegram al incluir en una lista internacional de personas buscadas a Pavel Durov, fundador y propietario de la popular plataforma de mensajería, a quien acusan de colaborar con actividades terroristas.
La medida fue anunciada por el Servicio Federal de Seguridad (FSB), que responsabiliza a Telegram de no haber eliminado numerosos canales, chats y bots que, según sostiene Moscú, son utilizados por los servicios de inteligencia ucranianos y organizaciones extremistas para coordinar sabotajes, atentados, asesinatos y delitos cibernéticos en territorio ruso.
El organismo también acusa a la plataforma de facilitar actividades criminales y asegura que durante el último año fueron detenidos decenas de jóvenes vinculados supuestamente con acciones de sabotaje y terrorismo después de utilizar un chatbot de Telegram presentado como un servicio de citas.
El Ministerio del Interior ruso, por su parte, afirma haber detectado más de 24.000 casos de estafas cometidas mediante la aplicación, además de otros delitos relacionados con tráfico de armas, narcotráfico y ciberataques.
Las acusaciones contra Durov se producen en medio de una creciente campaña del Kremlin para reforzar el control sobre internet y limitar el acceso a plataformas que escapan a su supervisión. Telegram, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en Rusia, ha sido objeto de restricciones cada vez mayores desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.
El fundador de Telegram, que abandonó Rusia hace años y posee ciudadanía francesa y emiratí, ya fue detenido en Francia en 2024. Las autoridades rusas podrían solicitar ahora su arresto en ausencia y eventualmente promover una petición de extradición, aunque expertos legales consideran poco probable que Francia o Emiratos Árabes Unidos accedan a una solicitud que podría estar motivada políticamente.
En caso de ser declarado culpable en Rusia, Durov podría enfrentar una condena de hasta cadena perpetua. Algunos juristas también han planteado la posibilidad de un juicio en ausencia.
La ofensiva contra Telegram forma parte de una política más amplia de censura y vigilancia digital impulsada durante los años de gobierno de Vladímir Putin. Moscú ha bloqueado o restringido plataformas como Facebook, Instagram y X, mientras que otras aplicaciones, entre ellas WhatsApp y Telegram, han enfrentado crecientes limitaciones.
El Gobierno ruso también promueve MAX, una plataforma nacional de mensajería que pretende convertirse en una alternativa a los servicios extranjeros y ofrecer, además de comunicaciones, acceso a servicios estatales y pagos. Sin embargo, críticos y expertos han expresado preocupación por sus condiciones de privacidad y su potencial utilización para la vigilancia de los usuarios.
Telegram continúa siendo ampliamente utilizado en Rusia, incluso por funcionarios, blogueros militares y soldados desplegados en Ucrania. Sus defensores sostienen que la aplicación es una herramienta fundamental para las comunicaciones y las campañas de recaudación de fondos.
Durov ha rechazado públicamente las acusaciones y ha denunciado que las autoridades rusas buscan utilizar el caso como pretexto para restringir Telegram y limitar la privacidad y la libertad de expresión. La nueva ofensiva representa otro capítulo en su prolongado enfrentamiento con el Kremlin y en la batalla de Moscú por someter internet a un control cada vez más estricto.
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