Un ciudadano cubano residente en Florida fue condenado a 30 meses de prisión por su participación en una organización internacional dedicada al tráfico de inmigrantes, la presentación de solicitudes migratorias fraudulentas y el lavado de dinero, una operación que, según las autoridades estadounidenses, facilitó la entrada ilegal de miles de cubanos a Estados Unidos.
El condenado fue identificado como Erik Ventura-Castro, de 24 años y residente de Hialeah, quien se declaró culpable el pasado 7 de mayo de conspiración para traficar inmigrantes indocumentados con fines de lucro y conspiración para blanquear instrumentos monetarios.
Según documentos judiciales, Ventura-Castro formó parte de una organización que operó entre enero de 2021 y junio de 2025 y que utilizaba las redes sociales para captar a ciudadanos cubanos interesados en llegar a Estados Unidos. Los integrantes de la red ofrecían servicios de tráfico de personas y mecanismos fraudulentos para facilitar la entrada y obtener beneficios migratorios a los que los solicitantes no tenían derecho.
La organización cobraba entre 1.500 y 40.000 dólares por persona y coordinaba viajes desde Cuba hacia Estados Unidos a través de terceros países. En algunos casos, los implicados llegaron a contratar aviones privados para trasladar grupos de extranjeros.
Las autoridades señalaron que los conspiradores utilizaron información falsa y documentos fraudulentos para presentar cientos de solicitudes de autorización de viaje bajo el programa ESTA. Los acusados habrían declarado falsamente que algunos solicitantes cumplían los requisitos para acceder a este mecanismo, pese a conocer que los ciudadanos cubanos no son elegibles para el programa.
Ventura-Castro realizó además más de 40 pagos electrónicos relacionados con solicitudes fraudulentas y transfirió más de 97.000 dólares desde Estados Unidos hacia las Islas Caimán, Colombia y México para financiar vuelos internacionales utilizados en el traslado de personas.
El Departamento de Justicia afirmó que la organización explotaba a personas vulnerables y obtenía importantes beneficios económicos mediante el engaño y la violación de las leyes migratorias estadounidenses.
«Hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación es fundamental para mantener fronteras seguras», afirmó el fiscal federal Gregory W. Kehoe, quien destacó la complejidad de la operación y la colaboración entre las distintas agencias involucradas.
La investigación también reveló la participación de otros ciudadanos, varios de ellos cubanos. Doce personas fueron acusadas formalmente en una acusación sustitutiva. Cinco de los implicados se declararon culpables y permanecen a la espera de sentencia, mientras que otros tres esperan juicio, previsto para comenzar el próximo 21 de septiembre.
La investigación fue encabezada por Homeland Security Investigations (HSI) en Tampa, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y la división de detección de fraude y seguridad nacional de USCIS, con apoyo de otras agencias federales y autoridades de las Islas Caimán.
El caso forma parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense para combatir las redes internacionales de tráfico y trata de personas y perseguir a sus principales organizadores y facilitadores.
Fuente: Ministerio de Justicia Estados Unidos
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