El gobierno de España anunció este lunes la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid, así como de otro diplomático acreditado en la embajada, en reciprocidad por la “injusta expulsión” de su propio embajador en Managua, informó una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores español.
“España decidió ayer ordenar la expulsión del embajador de Nicaragua en España y de otro diplomático acreditado en la embajada de Nicaragua en Madrid, en estricta reciprocidad ante la injusta expulsión de nuestro embajador y de la segunda jefatura en Managua”, indicó la fuente. Añadió que “el gobierno de España seguirá trabajando por mantener las mejores relaciones con el pueblo nicaragüense”.
El embajador español, Sergi Farré Salvá, había asumido apenas unas semanas antes la jefatura de la legación en Managua, cuando recibió la notificación de su expulsión. La cuenta oficial de X (antiguo Twitter) de la embajada aún conservaba un mensaje del 13 de enero dándole la bienvenida al puesto. Según el periódico El País, ambos diplomáticos españoles ya regresan hacia Madrid.
Este episodio se suma a una serie de tensiones diplomáticas entre España y Nicaragua en los últimos años. En 2021, España llamó a consultas a su embajador en Managua ante la detención de varios opositores, incluidos siete aspirantes presidenciales, previo a las elecciones de noviembre que otorgaron a Daniel Ortega un cuarto mandato consecutivo. España insistió en la liberación de los detenidos y expresó su preocupación en varias ocasiones.
En marzo de 2022, Nicaragua retiró a su embajador Carlos Midence, acusando “presiones y amenazas injerencistas” del gobierno español. Aunque las relaciones se suavizaron con la llegada de una nueva embajadora española en julio de ese mismo año, las fricciones no desaparecieron. En 2023, España concedió la nacionalidad a más de 300 opositores desterrados, entre ellos los escritores Gioconda Belli y Sergio Ramírez, reforzando su apoyo a ciudadanos nicaragüenses críticos del régimen de Ortega.
Daniel Ortega, exguerrillero en el poder desde 2007 y presidente también durante la década de 1980, es acusado por organismos de derechos humanos y sus críticos de establecer una “dictadura familiar” junto a su esposa Rosario Murillo, quien fue nombrada copresidenta mediante una reforma constitucional.
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