El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una de las mayores operaciones contra el fraude en el sistema de salud de su historia, con la presentación de cargos contra 455 personas acusadas de participar en esquemas que involucran más de 6.500 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas a programas públicos y aseguradoras privadas.
La ofensiva se desarrolló en 56 distritos federales y 45 estados y territorios del país, e incluyó a 90 médicos y otros profesionales sanitarios con licencia. Según las autoridades, las investigaciones destaparon redes dedicadas a facturar servicios médicos inexistentes, equipos médicos innecesarios, pruebas de laboratorio, tratamientos para heridas y servicios de salud mental obtenidos mediante sobornos y documentos falsificados.
En el Distrito Sur de Florida fueron acusadas doce personas vinculadas a distintos esquemas de fraude. Entre ellas figura Casilda Muñiz Rodríguez, residente de Hialeah, señalada por presuntamente participar en la creación de clínicas utilizadas para presentar más de 117 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas a Medicare por tratamientos y productos para heridas que nunca fueron suministrados a los pacientes.
Otro de los casos destacados es el del cardiólogo Jason Finkelstein, de Texas, acusado de presentar reclamaciones por cerca de 89 millones de dólares relacionadas con pruebas cardiovasculares realizadas a estudiantes atletas sin la debida evaluación médica. La acusación sostiene que el especialista aprobaba estudios en cuestión de segundos y que, pese al fallecimiento de un estudiante por un paro cardíaco, continuó con el mismo procedimiento.
Las autoridades también imputaron al cubano Eduardo Javier Ibarra Arrowsmith, residente de Miami, por hacerse pasar presuntamente por un médico autorizado y utilizar la identidad de un neurólogo fallecido para certificar falsamente discapacidades de solicitantes de ciudadanía estadounidense, permitiéndoles quedar exentos de los exámenes de inglés y educación cívica.
Otro expediente involucra a Ibrahim Hilmi, acusado de integrar un esquema internacional de fraude sanitario valorado en 3.760 millones de dólares mediante empresas de equipos médicos duraderos que, según la investigación, facturaban productos que nunca entregaban y posteriormente transferían parte de las ganancias al extranjero.
La operación también alcanzó a propietarios de clínicas de salud mental, consultores de facturación médica y operadores de centros de llamadas, señalados por presentar reclamaciones falsas, pagar sobornos a beneficiarios de Medicare y Medicaid y promover pruebas genéticas o equipos médicos sin necesidad clínica.
Como parte del operativo, las autoridades incautaron más de 182 millones de dólares en efectivo, vehículos de lujo, joyas y otros bienes relacionados con las investigaciones. Solo en el sur de Florida fueron confiscados más de 27 millones de dólares depositados en cuentas de doce clínicas sospechosas de actuar como centros de fraude.
Además de las acusaciones penales, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid suspendieron a más de mil proveedores y revocaron los privilegios de facturación de otros 1.400. También se impulsaron decenas de acciones civiles para recuperar fondos públicos y excluir a proveedores involucrados en actividades ilícitas.
El Departamento de Justicia afirmó que esta operación marca una nueva etapa en el combate al fraude sanitario, basada en el uso de análisis avanzados de datos para detectar irregularidades antes de que se efectúen los pagos, identificar organizaciones criminales y recuperar recursos públicos. Según las autoridades, el objetivo es proteger programas esenciales como Medicare y Medicaid y garantizar que los fondos destinados a la atención médica beneficien realmente a los pacientes.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos
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