En medio de una crisis eléctrica marcada por apagones prolongados y déficit de combustible, el Gobierno cubano dio un paso para incentivar la generación alternativa. El 19 de febrero de 2026, el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba publicó en la Gaceta Oficial de la República de Cuba la Resolución 41/2026, que establece exenciones fiscales y arancelarias para quienes importen e instalen sistemas de energías renovables, entre ellos los ya populares paneles solares.
La medida busca aliviar la presión sobre el Sistema Electroenergético Nacional, que atraviesa una crisis estructural. Según la normativa, empresas estatales, cooperativas y trabajadores por cuenta propia que apuesten por fuentes renovables —ya sea para autoconsumo o para entregar electricidad a la red nacional— quedarán exentos del Impuesto sobre Utilidades y del Impuesto sobre Ingresos Personales durante el período de recuperación de la inversión, con un límite máximo de hasta ocho años.
No obstante, el acceso a estos beneficios no será automático. Los interesados deberán obtener un Dictamen Energético emitido por la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía y contar con la aprobación de la Oficina Nacional de Administración Tributaria. El cumplimiento de estos requisitos técnicos y administrativos será determinante para mantener los incentivos.
La resolución también amplía las exenciones del Impuesto Aduanero para la importación de equipos vinculados a energías limpias, incluidos paneles solares fotovoltaicos, bombas solares, pequeños aerogeneradores y tecnologías para el procesamiento de biomasa. Estas facilidades aplican tanto a actores estatales como no estatales, lo que abre una oportunidad para pequeñas y medianas empresas interesadas en diversificar la matriz energética.
Otro punto relevante es la obligación de comercializar estas tecnologías a precios “no recaudatorios”. Es decir, los valores deberán basarse en los costos reales de operación, con un margen de ganancia limitado a un 25 %. Sin embargo, la normativa excluye a los vehículos eléctricos y sus piezas de este esquema preferencial, lo que reduce el alcance del incentivo en el ámbito del transporte sostenible.
El enfoque central de la política es fomentar el autoconsumo y promover un modelo de generación distribuida que permita a particulares y empresas aportar electricidad al sistema nacional. En teoría, esta descentralización podría mitigar los efectos de los apagones y reducir la dependencia de combustibles fósiles.
Aun así, especialistas advierten que el éxito de la medida dependerá de la agilidad administrativa, la estabilidad regulatoria y la disponibilidad de mecanismos financieros complementarios. Sin acceso a créditos o financiamiento verde, el impacto podría ser limitado en un contexto económico todavía incierto.
Fuente: Gaceta Oficial
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