El gobierno de Estados Unidos ha puesto fin de manera inmediata a los permisos otorgados bajo el programa de parole humanitario, afectando a decenas de miles de migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La decisión fue anunciada este jueves por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ya ha comenzado a notificar a los beneficiarios sobre la revocación de sus estatus migratorios y permisos laborales.
Según el aviso oficial emitido por las autoridades, los afectados recibirán un correo electrónico indicando que deben abandonar voluntariamente el país. En caso de incumplimiento, podrían ser detenidos o deportados sin derecho a realizar arreglos personales, una medida que ha generado preocupación entre comunidades migrantes y organizaciones de derechos humanos.
El mensaje gubernamental no deja espacio a dudas: “Este aviso le informa que su permiso de permanencia ha sido revocado. Si no se marcha, podría estar sujeto a medidas de cumplimiento de la ley migratoria”.
La cancelación de este beneficio también implica la invalidez de los permisos de trabajo emitidos bajo este programa, los cuales deben ser devueltos a las autoridades.
Creado a inicios de 2023 por la administración de Joe Biden, el parole humanitario ofrecía una vía legal de entrada a Estados Unidos para personas que enfrentaban crisis humanitarias en sus países de origen. Los migrantes debían contar con un patrocinador en EE.UU., aprobar una revisión de seguridad y cambiar su estatus migratorio antes de los dos años. De no hacerlo, estaban obligados a abandonar el país al finalizar ese periodo.
Esta revocación afecta principalmente a quienes aún no han alcanzado los dos años de estancia o no lograron ajustar su estatus migratorio a tiempo. El programa ya había sido limitado previamente en octubre de 2024, cuando Biden suspendió las renovaciones tras denuncias de fraude. Aunque fue reactivado brevemente en agosto con controles más estrictos, se dejó claro que no habría posibilidad de extensión más allá de los dos años.
En el caso específico de los cubanos, quienes ingresaron con parole humanitario podían beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano tras cumplir un año y un día en territorio estadounidense, lo que les ofrecía una vía hacia la residencia permanente. Sin embargo, para haitianos, venezolanos y nicaragüenses, las opciones eran más limitadas, generalmente restringidas al asilo político u otras categorías migratorias especiales.
El programa, que autorizó el ingreso de más de 530,000 personas —incluidos 110,000 cubanos, 210,000 haitianos, 93,000 nicaragüenses y 117,000 venezolanos—, fue implementado con el objetivo de reducir los cruces ilegales en la frontera sur.
La incertidumbre crece entre los migrantes, que ahora enfrentan una cuenta regresiva para regularizar su situación o abandonar el país, mientras organizaciones civiles piden alternativas humanitarias y una revisión caso por caso.
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