La reciente decisión de la Casa Blanca de retirar el mecanismo de aranceles contra quienes suministren petróleo a Cuba ha generado preguntas dentro y fuera de la Isla. ¿Es este el inicio de un alivio real o simplemente un ajuste estratégico? Para muchos cubanos que viven entre apagones, escasez de combustible y transporte paralizado, la respuesta no es un detalle técnico: es una cuestión de supervivencia diaria.
La medida fue adoptada tras un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que limitó el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles comerciales. A partir de esa decisión, el presidente Donald Trump firmó una orden que elimina los gravámenes punitivos dirigidos a países o empresas que enviaran crudo a Cuba.
Sin embargo, el levantamiento de ese instrumento no implica que desaparezca la presión energética. Permanece intacta la declaración de “emergencia nacional” contra el gobierno cubano, una herramienta que permite mantener y activar otras restricciones. En términos prácticos, Washington conserva amplias facultades para sancionar, limitar transacciones financieras o imponer medidas regulatorias a actores vinculados al suministro de combustible hacia la isla.
Expertos en Washington advierten que sería un error interpretar la retirada del arancel como un cambio estructural. La estrategia podría transformarse, pero no necesariamente suavizarse. El uso de sanciones secundarias, controles del Departamento del Tesoro o restricciones bancarias sigue sobre la mesa. Incluso la posibilidad de inspeccionar o regular embarcaciones con destino a Cuba continúa vigente bajo argumentos de seguridad nacional.
Al mismo tiempo, algunos análisis apuntan a un posible giro táctico: diferenciar entre el Estado cubano y el sector privado emergente. Informaciones publicadas por Bloomberg sugieren que la administración estadounidense evalúa permitir ventas de combustible directamente a actores privados, sin necesidad de licencias específicas, siempre que no involucren al aparato estatal.
En declaraciones recogidas por esa agencia, el secretario de Estado Marco Rubio reiteró que la prioridad de Washington sería un cambio de políticas en La Habana, más que un cambio inmediato de liderazgo. La lógica, según algunos observadores, se asemejaría al llamado “modelo Venezuela”: mantener presión sobre el Estado mientras se abren resquicios controlados.
Mientras tanto, en Cuba la crisis energética continúa golpeando con fuerza. El país importa cerca de dos tercios del combustible que consume. Los hospitales funcionan en condiciones mínimas, el transporte público es casi nulo, la basura se acumula y los apagones superan las 20 horas diarias en muchas regiones.
Para el cubano de a pie, el debate jurídico en Washington importa menos que la realidad cotidiana. Aunque el arancel haya desaparecido, la arquitectura de sanciones permanece. Y mientras la emergencia nacional siga activa, la presión —más silenciosa quizá, pero no menos real— continúa marcando el pulso energético de la isla caribeña.
Fuente: On Cuba news
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