Una jueza federal ha emitido una suspensión indefinida de la orden ejecutiva propuesta por el presidente Donald Trump, que buscaba limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos. Este dictamen podría evitar que la medida entre en vigor este mes, tal como estaba previsto, debido a dudas sobre su conformidad con la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense.
El fallo se produjo después de que una jueza del distrito federal, Deborah Boardman, escuchara los argumentos sobre la suspensión temporal de la orden ejecutiva en una corte federal en Maryland. Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, como CASA y el Asylum Seeker Advocacy Project, junto con varias mujeres embarazadas, impulsaron la demanda para congelar la orden.
La medida del presidente Trump había sido previamente suspendida a nivel nacional en respuesta a una demanda presentada por cuatro estados ante una corte en Washington. En total, 22 estados y diversas organizaciones han apelado a la justicia para frenar la implementación del decreto.
La orden ejecutiva de Trump tenía como objetivo acabar con el derecho a la ciudadanía para aquellas personas nacidas en territorio estadounidense, incluso si se encontraban en el país de manera temporal o irregular. Los detractores de la medida argumentan que la política es incompatible con la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país, sin importar su estatus migratorio.
La 14ª Enmienda, ratificada en 1868, fue una respuesta a la esclavitud y al caso histórico de Dred Scott, en el que la Corte Suprema determinó que Scott, un esclavo, no era considerado ciudadano. La enmienda garantizó que todas las personas nacidas en Estados Unidos serían automáticamente ciudadanas, una protección que se considera un principio fundamental en la ley estadounidense.
La congelación indefinida de la orden ejecutiva llega en un momento en el que las tensiones sobre las políticas migratorias de la administración Trump siguen siendo un tema clave en el debate político y judicial en el país. La orden había sido vista como una medida controvertida para restringir el acceso a la ciudadanía, especialmente en medio de un contexto de mayor control sobre la inmigración ilegal.