Un informe reciente del Instituto de Política Migratoria (MPI) reveló que al menos 5.8 millones de migrantes ingresaron a Estados Unidos durante los cuatro años de la administración de Joe Biden. Estas cifras incluyen solicitantes de asilo, refugiados y beneficiarios de programas humanitarios especiales.
El informe detalla que 4.6 millones de migrantes cruzaron la frontera sur como solicitantes de asilo y obtuvieron libertad condicional para presentar sus casos. Muchos de ellos gestionaron el proceso a través de la aplicación CBP One.
Además, 531,600 migrantes provenientes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua ingresaron bajo permisos especiales (“parole”) diseñados para situaciones excepcionales. Otros 214,800 ucranianos y 75,000 afganos fueron admitidos mediante programas de amparo humanitario, mientras que 327,900 personas entraron desde la frontera norte con Canadá.
A pesar de las críticas, la administración Biden también implementó medidas para controlar la inmigración. Más de 2.5 millones de personas fueron expulsadas bajo la política del Título 42 antes de que fuera reemplazada por nuevas restricciones al asilo en junio.
Sin embargo, las decisiones migratorias del gobierno han generado controversia en ambos extremos del espectro político. Por un lado, defensores de los inmigrantes han criticado los límites impuestos a la protección humanitaria, mientras que grupos restrictivos han calificado las políticas como incentivos para una “frontera abierta”.
El informe señala que, durante su mandato, Biden emitió 605 medidas ejecutivas relacionadas con inmigración, superando las 472 implementadas por Donald Trump en el mismo período. Entre estas medidas se incluye la ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para varios países y la emisión de permisos de trabajo para 3.4 millones de extranjeros.
En términos de refugiados, el año fiscal 2024 marcó un récord, con más de 100,000 admitidos, la cifra más alta en casi tres décadas.
El análisis concluye que la falta de acción por parte del Congreso dejó a la administración con pocas opciones, obligándola a recurrir a decretos presidenciales para enfrentar una crisis migratoria que continúa dividiendo al país. Este panorama resalta la urgencia de una reforma migratoria integral, algo que sigue siendo un desafío político en Estados Unidos.