El Departamento de Estado de Estados Unidos analiza nuevas medidas que podrían obligar a los padres a demostrar su ciudadanía o estatus migratorio cuando soliciten pasaportes estadounidenses para sus hijos, como parte de la política de la Administración de Donald Trump para restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento.
La propuesta aparece en un borrador de directrices que establece cómo podría aplicarse una orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 6 de agosto, enfocada especialmente en los casos relacionados con el llamado “turismo de maternidad”.
Según REUTERS, el Departamento de Estado pretende solicitar información sobre los padres y documentación que permita determinar su ciudadanía o situación migratoria antes de aprobar el pasaporte de un menor.
De implementarse la medida, los padres o tutores tendrían que presentar documentos como un pasaporte estadounidense válido, un certificado de nacimiento, un formulario I-94 o una tarjeta de residencia permanente. Esa información sería utilizada para determinar si el menor cumple los requisitos establecidos por la nueva política.
Actualmente, quienes solicitan un pasaporte para un hijo nacido en Estados Unidos deben acreditar la relación con el menor y presentar una identificación con fotografía. Aunque el formulario pregunta si los padres son ciudadanos estadounidenses, no exige presentar documentación adicional sobre su estatus migratorio.
La restricción de la ciudadanía por nacimiento constituye una de las principales prioridades de la política migratoria de Trump. Una orden ejecutiva anterior, que pretendía limitar la ciudadanía automática a los hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, fue bloqueada judicialmente.
La nueva directiva apunta específicamente a determinadas situaciones, entre ellas los casos en que los padres trabajan para gobiernos extranjeros, participan en determinadas operaciones consideradas fraudulentas para obtener la ciudadanía o son clasificados como “extranjeros enemigos”.
Sin embargo, la implementación de la orden del 6 de agosto todavía enfrenta desafíos legales y podría ser detenida por los tribunales.
Organizaciones y abogados que representan a familias potencialmente afectadas han presentado demandas para impedir que la medida entre en vigor. Una de ellas está ante la jueza federal Deborah Boardman, quien expresó dudas sobre el alcance de la orden durante una audiencia reciente en Maryland.
Los abogados del Departamento de Justicia sostienen que las impugnaciones son prematuras porque las agencias federales todavía no habían publicado las instrucciones definitivas para aplicar la política.
La Casa Blanca ha defendido el cambio como parte de su objetivo de proteger el valor de la ciudadanía estadounidense. El Departamento de Estado, por su parte, sostiene que los procedimientos para emitir pasaportes deben ajustarse plenamente a las nuevas directrices de la Administración.