La víspera el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken dio a conocer “El informe Internacional sobre Libertad Religiosa”, al que calificó como una prueba clara del firme compromiso de su país de promover y proteger “esta libertad fundamental para todos".
El documento que tiene un acápite especial para Cuba, denunció que en el caso de 2020, el Partido Comunista de Cuba (PCC), a través de su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia (MOJ), continuó controlando la mayoría de los aspectos religiosos en la isla.
Según la organización de defensa de la libertad religiosa Christian Solidarity Worldwide (CSW), el l informe anual de CSW concluyó que el gobierno “violó la libertad de religión o creencias de manera rutinaria y sistemática” mediante detenciones arbitrarias, acusaciones falsas, amenazas y acoso a líderes religiosos y defensores de la libertad religiosa.
El documento señala también que durante la pandemia de COVID-19, el gobierno confiscó alimentos que algunos grupos religiosos tenían la intención de proporcionar a los necesitados, bloqueó la ayuda humanitaria en el extranjero, y amenazó y acusó a los líderes religiosos por "propagar enfermedades".
“Hubo informes de que las autoridades continuaron sometiendo a los líderes de los Yorubas Libres de Cuba a detenciones arbitrarias, amenazas y hostigamiento verbal”, señalan.
Por otro lado, el informe recoge que los defensores de los medios de comunicación y la libertad religiosa informaron que el gobierno siguió restringiendo el derecho de los presos a practicar la religión libremente, limitar o bloquear los viajes nacionales e internacionales, y hostigar y detener a miembros de grupos religiosos que abogan por una mayor libertad religiosa y política, incluida la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández y el pastor de la Iglesia Apostólica Alain Toledano.
Por otro lado, precisan que el 2 de diciembre de 2020, de conformidad con la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, según enmendada, el Secretario de Estado colocó nuevamente a Cuba en la Lista de Vigilancia Especial por haber participado o tolerado violaciones graves de la libertad religiosa, registradas en al menos 203 hechos documentados de transgresiones de este tipo.
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