El Fiscal General de Florida, James Uthmeier, lanzó una fuerte advertencia contra la inmigración irregular tras el arresto de cuatro ciudadanos cubanos indocumentados acusados de integrar una red criminal que robaba módulos electrónicos de camiones (ECM), ocasionando pérdidas superiores a los 750.000 dólares.
Los acusados —Geosvany Figueredo González, Orlando Martínez Dorta, Brian Sánchez Pérez y Liovel Urra Peñate— enfrentan un total de 139 cargos criminales, entre ellos robo organizado, posesión de dispositivos para alterar componentes electrónicos y tráfico de bienes robados. Las condenas podrían sumar más de 800 años de prisión en conjunto, además de eventuales procesos de deportación.
“La justicia en Florida no hará excepciones con inmigrantes ilegales”, sentenció Uthmeier en una rueda de prensa. “Estas personas no deberían haber estado nunca en el país”, agregó con tono enérgico, subrayando que se utilizará todo el peso de la ley para castigar este tipo de delitos.
El caso ha desatado nuevas tensiones en torno al debate migratorio en el estado. Uthmeier apuntó directamente contra la administración Biden, responsabilizándola de lo que considera una “política migratoria laxa” que, según él, ha permitido el ingreso de individuos con antecedentes penales, tanto en Cuba como en Estados Unidos.
Según el fiscal, al menos tres de los implicados entraron al país durante el gobierno de Biden, y algunos ya tenían historial delictivo. “Nuestros fiscales se encargarán de que lo único que piensen estos extranjeros delincuentes sea en su condena y en el retorno inmediato a su país de origen”, declaró.
El arresto ocurre en un momento en que Florida refuerza su línea dura contra la inmigración irregular. Bajo la dirección del gobernador Ron DeSantis, el estado ha implementado medidas cada vez más estrictas, como la creación de un polémico centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, financiado con fondos estatales. Esta instalación ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones de reclusión y su impacto ambiental.
La detención de los cuatro cubanos también ha provocado debate en comunidades migrantes del estado, donde se teme que casos aislados como este sean usados para justificar políticas más restrictivas que afectan a miles de inmigrantes trabajadores sin historial criminal.
Mientras el caso avanza por los canales judiciales, las autoridades floridanas lo utilizan como ejemplo para advertir que cualquier vínculo entre inmigración irregular y delitos será perseguido sin contemplaciones. El mensaje, según Uthmeier, es claro: Florida no será refugio para quienes infrinjan la ley.
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