La magistrada Zamira Marrero Morgado, titular del Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, asumirá la conducción del proceso penal contra cuatro directivos de la masonería cubana imputados por presunto «tráfico ilegal de divisas».
La acusación se fundamenta en el canje de 300 dólares destinados a la asistencia social del Asilo Nacional Masónico Llansó.
La asignación de Marrero Morgado genera inquietud en observadores independientes de derechos humanos debido a sus fallos previos.
La jueza dictaminó recientemente dos años de limitación de libertad contra la creadora de contenidos Anna Sofía Benítez Silvente y su madre por la divulgación de una inspección policial en plataformas digitales. Asimismo, registros de organizaciones civiles la señalan como integrante de las salas judiciales que ratificaron elevadas condenas a manifestantes de La Güinera tras las protestas de julio de 2021.
En esta causa, el Ministerio Público requiere sanciones de entre dos y cuatro años de limitación de libertad, acompañadas de multas económicas, para los directivos José Ramón Viñas Alonso, Fernando Marcos García, Ángel Santiesteban Prats y Osvaldo Ernesto Villegas Digat.
El expediente fiscal sostiene que las autoridades masónicas efectuaron transacciones financieras informales al convertir divisas de la entidad benéfica a moneda nacional.
Por su parte, la representación letrada de los encausados demandó la absolución total de los imputados.
La defensa argumenta que los intercambios de divisas se realizaron de manera interna para resolver urgencias operativas, tales como la adquisición de leche en polvo para los ancianos residentes en el asilo y la compra de medicamentos para el hijo de uno de los procesados.
El enjuiciamiento se enmarca en un período de crecientes tensiones institucionales entre el aparato estatal y las estructuras autónomas de la fraternidad masónica en la isla.
Fuente: periodista independiente Camila Acosta (corresponsal del diario ABC).
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