El exjefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Hugo “el Pollo” Carvajal, aseguró ante la Corte Penal Internacional (CPI) que la represión de las protestas en Venezuela respondió a una estrategia centralizada desde la más alta esfera del poder político. Su declaración fue ofrecida mientras permanecía detenido preventivamente en España y forma parte de los testimonios entregados al tribunal que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad en el país.
Según audios difundidos por el periodista David Placer, Carvajal explicó que el control de manifestaciones durante los años 2014 y 2017 operó bajo dos modalidades: una formal y otra informal. La primera, indicó, se ejecutaba a través de los organismos legalmente establecidos para el mantenimiento del orden público, como la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), bajo coordinación del Ministerio de Interior.
No obstante, sostuvo que, en la práctica, las decisiones estratégicas no se limitaban a los canales institucionales. Afirmó que las directrices sobre cómo actuar frente a las protestas eran definidas directamente por Nicolás Maduro, quien —según su testimonio— mantenía comunicación directa con los mandos operativos para redirigir acciones en el terreno cuando lo consideraba necesario.
Carvajal señaló que la línea oficial frente a cualquier manifestación fue sofocar de inmediato los focos de protesta. Recordó la expresión “candelita que se prende, candelita que se apaga” como reflejo de una política orientada a impedir que las movilizaciones escalaran. A su juicio, esa directriz implicó el uso intensivo de la fuerza para disolver protestas, sin priorizar mecanismos de mediación.
En su declaración también describió un segundo nivel de control que calificó como “informal”. Según explicó, este incluía la participación de organismos de inteligencia y seguridad en funciones que, en su opinión, excedían sus competencias habituales, así como la actuación de grupos civiles armados que operaban coordinadamente en apoyo a las fuerzas del Estado.
El exmilitar sostuvo que este esquema combinaba estructuras formales con mecanismos paralelos, lo que —según afirmó— permitió ejercer presión sostenida sobre sectores de la población identificados como opositores. Asimismo, señaló que muchas órdenes sensibles no quedaban por escrito, sino que eran transmitidas de forma verbal, lo que dificultaría su documentación directa y obligaría a reconstruir responsabilidades mediante testimonios.
Carvajal aseguró que, por su experiencia de más de siete años al frente de la inteligencia y contrainteligencia militar durante los gobiernos de Hugo Chávez y en los primeros meses del mandato de Maduro, conoció de primera mano la toma de decisiones en materia de seguridad interna. En ese sentido, afirmó que ningún alto funcionario se arriesgaría a permitir muertes en manifestaciones sin contar con respaldo político desde la presidencia.
La CPI mantiene abierta una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, centrada en denuncias de persecución, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y opositores. Las declaraciones de Carvajal forman parte del conjunto de elementos que el tribunal evalúa para determinar eventuales responsabilidades individuales.
(Con información de El Nacional)
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